vendredi 30 décembre 2011

El problema de la INSEGURIDAD



El problema de la INSEGURIDAD
La inseguridad en sí no es un problema, es una sensación, un estado del espíritu, es la falta de paz, la inquietud que nos provoca no poder prever qué pasará mañana.
En este lugar, la insegruidad toma diferentes caras, una de ellas, la más conocida, es la que se presenta en la mente de aquellxs, que a fuerza de informativos, están a cada momento esperando ser víctimas de la próxima rapiña, y que enfermos de esta paranoia gastan fortunas en el gran negocio de la (in)seguridad (rejas, alarmas, circuitos cerrados, etc.) y hasta son capaces de matar a su propia hija. Pero no hablemos de esta enfermedad mental, que ya hay muchxs que hablan de ella. Vamos a hablar de una inseguridad más vital, aunque menos conocida: la que padecen aquellxs que no tienen un lugar dónde vivir.
Familias enteras viven día a día en la calle, expulsadxs del campo, gente que perdió su trabajo y no llega a pagar el alquiler, nuevas familias que necesitan un espacio dónde desarrollarse, entre otras situaciones. Muchxs, cansadxs de aguantar esta situación, deciden poner manos a la obra y solucionar este problema por sí mismxs... son muchas las casas vacías y mucha la gente sin casa, es tan absurdo como real.
Ocupar una casa abandonada o un terreno baldío, individual o colectivamente, con el deseo y la necesidad de tener un hogar, sin pedir nada a nadie, es una solución válida. ¿Qué tiene ésto de malo?
Pero hay cierta gente que no padece estas inseguridades, pero que gana plata con la gente que sí las padece. Empresarixs del negocio inmobiliario, políticxs que pagan favores con terrenos, sociedades anónimas allegadas a círculos de poder, promueven desalojos a familias de sus hogares, como pasó en Nuevo Capra, en el Remanso de Neptunia y como está pasando ahora en MARINDIA. Estas personas manejan grandes Capitales y el Estado está a su servicio. Así se han hecho leyes que penan la ocupación de un terreno para vivir en él como si fuera un delito (Ley votada en el 2007 por legisladorxs de todos los partidos), por otro lado como pasó en Neptunia, el Estado perdonó deudas a sociedades anónimas por décadas sin razón que lo justifique. Queda en claro que la okupación es un mal ejemplo y hay que detenerlo, porque el pobre sino, puede saber que la vida no siempre tiene que ser sufrida, y que las leyes que cuidan el absurdo no merecen ser respetadas.
Reivindicamos la okupación de tierras, porque reivindicamos el derecho de cada ser vivo de desarrollarse en un lugar de este planeta y no admitimos que unxs puedan tener de sobra y otrxs no tener nada, mientras la naturaleza nos ha hecho a todxs iguales.
Aborrecemos a aquellxs que ocupan terrenos para luego venderlos, perpetuando la lógica colonialista de apropiarse de la tierra como de una mercancía. A ésto oponemos la convivencia en una convivencia con la tierra que nos permita vivir en ella sin arruinarla y sin sentirnos sus dueños, sino parte de ella.
No podemos esperar nada del Estado, ya que él siempre actúa del lado de lxs ricxs y ante los constantes ataques que recibimos lxs okupantes de parte de privados o públicos, tenemos en claro que sólo la auto-organización horizontal (sin jefes ni representantes) y el apoyo mutuo podrán ejercer una fuerza capaz de defender los proyectos de vida que se ponen en marcha en cada okupación, como en la experiencia del Remanso donde la lucha colectiva frenó los procesos de desalojo. Fortalecer vínculos y demostrar al vecinx no-okupante que la okupación no es un acto en su contra sino de reivindicación de un derecho natural de todo ser.
Hoy en día, familias en Marindia Norte padecen la inseguridad de no saber si podrán seguir viviendo en las casas que hace 11 años ellxs mismxs construyeron, porque tienen un juicio de desalojo pendiendo sobre sus cabezas. En estos momentos es que la solidaridad se hace más urgente. Activar las redes de información y apoyo mutuo es vital, somos muchxs (800.000 personas okupan en Uruguay) en esta situación y vidas enteras se ponen en juego en cada desalojo.
Porque hay muchas tierras en pocas manos y que exista gente sin casa es un atentado a la inteligencia.
RESISTENCIA A LOS DESALOJOS Y SOLIDARIDAD ENTRE LXS VECINXS.

S.R.O.A (Sociedad de Resistencia de Okupantes y Afines)
Meil: okupantesyafines@gmail.com
Web: http://okupantesyafines.blogspot.com

Miguel Soler Roca recuerda al maestro Julio Castro.

ANUARIA / POLÍTICA
30.12.11



Con cariño

Miguel Soler Roca recuerda al maestro Julio Castro.

Colega y amigo de Julio Castro, Soler relata sus experiencias junto al maestro proyectando la escuela rural en Uruguay y alfabetizando en distintos países latinoamericanos. Describe al funcionario de UNESCO que la gente adoraba, al hombre lleno de convicciones y comprometido con los más pobres del campo. Reflexiona, con dolor y firmeza, sobre la desaparición, la búsqueda y el reciente hallazgo.
-¿Cuándo lo conoció?

-Julio es de 1908 y yo de 1922, por consiguiente nos separaban 14 años. Cuando me gradué de maestro, en diciembre de 1939, al mes siguiente ya fui alumno de Julio porque en aquel tiempo había cursos de perfeccionamiento para maestros en el verano. Julio estaba a cargo de unas clases sobre José Pedro Varela y era un expositor muy claro, brillante, documentado, que aparte sabía transmitir y contagiar interés por la materia que estuviera tratando.

sigue en : http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/12/con-carino/

fuente : La Diaria

vendredi 23 décembre 2011

Minerales de sangre bajo el árbol de Navidad Destacado por Amanda Wilson

Minerales de sangre bajo el árbol de Navidad
Los principales regalos para esta Navidad son dispositivos electrónicos, muchos de los cuales son fabricados con minerales de regiones con conflictos armados que causan masivas violaciones a los derechos humanos.

IPS

Al igual que los “diamantes de sangre”, expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos va en aumento.

Se denuncia, por ejemplo, que financia atrocidades en República Democrática del Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994.

La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank es más conocida por regular el mercado financiero de Estados Unidos, pero parte de la norma trata sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio de este país en la compra de minerales de conflicto.

Algunas disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) informen si obtienen el tungsteno, el estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC relacionadas con violaciones de derechos humanos perpetradas por grupos armados.

La norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el contenido de los productos utilizados.

Pero la disposición está estancada en un proceso de reglamentación de la SEC, encargada de definir cómo se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank. El organismo tiene ocho meses de retraso según su propio plazo. El asunto figura en el sitio de Internet entre las tareas pendientes para este año que termina.

Los defensores de la ley, entre los que hay organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Estados Unidos y de RDC, se preguntan sobre las razones de la demora.

Global Witness, organización de control de recursos naturales de conflicto, recordó que están en juego vidas humanas.

La demora, “de hecho, permite ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques contra civiles en Congo y obtengan mayores beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness.

Una investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en RDC informó que 300 personas de tres aldeas cercanas a yacimientos mineros en la oriental provincia de Kivu Norte fueron violadas en agosto de 2010.

El foro mundial atribuyó el episodio a la competencia por el acceso a los minerales.

Global Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un mapeo de la cadena de abastecimiento, e informó que el comercio de minerales de conflicto aviva la apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde “los abusos a los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual, alcanzaron proporciones catastróficas”.

Los opositores a la norma, muchos de ellos defensores de los intereses corporativos, arguyen que las disposiciones pueden cortar el comercio con RDC o ser muy difíciles de cumplir, y que será extremadamente complicado rastrear el origen de los minerales.

En cambio, los partidarios sostienen que la procedencia de los minerales, tungsteno, estaño y tantalio, pueden remontarse hasta unas pocas fundiciones en el mundo.

También sostienen que la norma no bloqueará el comercio y que solo requerirá que las corporaciones investiguen si compran minerales suministrados por organizaciones armadas de RDC, revelen la información y tomen medidas con la “debida diligencia” para buscar otras minas de abastecimiento.

El gobernador de Kivu Norte dijo a investigadores de Global Witness en abril que hay guerra desde 1996 y les preguntó “por qué el gobierno de Estados Unidos no aprobó esta ley hace 10 años”.

El representante Jim McDermott, partidario de la norma, señaló que el proyecto de ley fue una medida actualizada que permitirá a consumidores e inversionistas decidir si entablan una relación de negocios con empresas que adquieren minerales de conflicto.

“Es importante si creemos en la justicia social de cortar los fondos de quienes matan y violan en África“, dijo McDermott.

El estado de California utilizó la norma como modelo para su propio proyecto de ley, que aprobó en septiembre y que prohíbe hacer negocios con compañías que utilizan minerales de conflicto.

“Creo que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos.

“Estamos hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son importantes para los derechos humanos y tenemos ocho meses de retraso. ¿Cuáles son las consecuencias?”, preguntó.

Una disposición de mayor alcance geográfico de la Ley Dodd-Frank, también vinculada a la transparencia, es otra de las que sufre demoras en el proceso de reglamentación de la SEC.

La disposición requerirá que compañías mineras, de gas y petróleo informen a la SEC los impuestos, las regalías, los derechos de producción, entre otros, y las primas que pagan a los gobiernos.

La coalición de lucha contra la corrupción Publiquen lo Que Pagan, integrada por 600 organizaciones religiosas, ambientalistas y de la sociedad civil, trabaja para implementar esa medida desde 2004.

“En muchos países ricos en recursos naturales buena parte de la población vive con menos de dos dólares al día”, indicó Isabel Munilla, directora de Publiquen lo Que Pagan, en un foro organizado por la Brookings Institution en Washington.

Las iniciativas que promueven la transparencia financiera disminuyen la corrupción y aumentan la capacidad de la ciudadanía de los países con recursos naturales para reclamar su justa parte de los beneficios.

McDermott urgió a ciudadanos de Estados Unidos a apoyar la total implementación de la Ley Dodd-Frank.

“Creo que la ganancia honesta puede convivir con la justicia social, y de eso se trata esto”, indicó.

La SEC se negó a hacer declaraciones sobre las causas de la demora.