RECONSTRUCCIÓN DEL CIES (CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOCIALES)Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL 1º DE MAYO Y LOS ORÍGENES DEL MOVIMIENTO SINDICAL..”
Con motivo de realizar la presentación del proyecto de reconstrucción del Centro Internacional de Estudios Sociales con la proyección de un audiovisual que entre otras cosas contiene entrevistas a compañeros militantes, docentes, periodistas e historiadores como ser: Raúl Zibechi, María Delia, Carlos Mechoso, Gustavo López, Fernando Caramelo y Gerardo Sarachu; secundada con la realización de una charla debate sobre dicha temática.
Y por otro lado a la presentación del libro sobre “El 1º de Mayo y los Orígenes del Movimiento Sindical..” que aborda la historia del movimiento obrero en Latino América y en Uruguay, sus orígenes, el contexto socioeconómico, las primeras federaciones sindicales, las huelgas, las primeras manifestaciones del 1º de mayo, la conquista de las 8 horas y la intensa actividad del CIES, entre otras cosas, los invitamos a la actividad a realizarse este próximo sábado 24 de Abril, a partir de las 17 hs. en Afhi (Constitución 1772, entre D. Muñoz y F. Serra).
El cronograma de la actividad será el siguiente:
17.00 hs. Comienzo de la Actividad.18.00 hs. Lectura de itinerario, adhesiones y saludos.
18.30 hs. Lectura de poemas de dramaturgos de la época: Florencio Sánchez, Ángel Falco y otros.
19.30 hs. Presentación del libro: “El 1º de Mayo en Latino América y Orígenes del Movimiento Sindical...”
20.00 hs. Audiovisual sobre el CIES.20.30 hs. Taller Debate: “Luchas Populares en sus Orígenes y las Perspectivas de Hoy”22.00 hs.
Espectáculo artístico
El proyecto CIES apunta a recobrar el histórico Centro Internacional de Estudios Sociales que funcionara entre los años 1898 y 1928, donde además de ser un centro de actividad formativa, educacional y artístico cultural, fue el lugar donde ilustres personajes como Florencio Sánchez, expusieran sus primeros trabajos y obras, así como celebres militantes de la vida sindical y/o política como Abrían Troitiño, María Collazo, Ernesto Herrera, Roberto de las Carreras, Ángel Falco, Rafael Barret, Alberto Ghiraldo, los deportados desde la Argentina por la Ley de Residencia como Adrián Troitiño, Antonio Marzovillo y Francisco Corneyo, como tantos otros obreros y obreras, desarrollaron su aporte a las ideas de avanzada y también su actividad gremial.
Lugar que tanto aportó al desarrollo y fortalecimiento del movimiento obrero y popular de aquellos entonces, además de ser por muchos años la sede de la FORU, la cual realizó su Congreso fundacional en sus instalaciones.
El CIES fue una experiencia impulsada por sastres y otros sectores obreros, y en su activo historial supo brindar espacio y albergar solidariamente a muchísimos sindicatos y organizaciones populares de distinta naturaleza.
Los principales historiadores destacan el papel que desempeñó en ese sentido. Hoy nuevas generaciones de luchadores sociales vinculados a las luchas de distintos barrios, sindicatos, centros estudiantiles y el periódico Rojo y Negro toman en sus hombros la tarea, difícil en esta etapa pero no imposible, de recrear esa herramienta, indudablemente a partir de una adaptación a la nueva etapa que vivimos, para aportar en nuestro tiempo al avance de las luchas populares.
Por contacto:Mail: proyecto.cies2010@gmail.com
Cel: Gustavo Fernández (096762350), Andrés Granja (099576504).
COMISIÓN DEL PROYECTO CIES
Publicado por Rojo y Negro en 00:22
ALTERNATIVAS -Revista de prensa- ENTREVISTAS, CRÓNICAS,SELECCIONADAS O REALIZADAS POR NUESTRO COLECTIVO.
viernes, 16 de abril de 2010
jueves, 15 de abril de 2010
La impunidad continúa, amenaza de muerte...
A CUENTA DE QUE LA IMPUNIDAD CONTINÚA y JUSTICIA NOS SIGUE FALTANDO… AMENAZA DE MUERTE
Los hechos:
El hostigamiento que hace varios años sufrimos se incrementa. A las llamadas amenazantes se suma una acción más grave. Anoche se llevan de mi auto todo el material de propaganda de las próximas actividades de Plenaria Memoria y Justicia. Hecho que descubro a las 07 horas. Voy a mi trabajo. Y pasadas las 10 horas vuelvo a la zona a buscar una parte del auto que quedó allí y los vecinos encontraron.
Luego, al doblar de Larravide hacia Batlle y Ordóñez, por la calle J. P. Varela, me intercepta una camioneta blanca, Mitsubishi, con cuatro hombres en ella. Me cierran el paso contra el cantero central y sacando un arma me grita uno de ellos: ¡Quédate quieta hija de puta. Déjate de joder porque te vamos a quemar!. A lo cual reaccioné gritándoles que hacían. Preguntándoles quienes eran. Si eran fachos, si eran milicos.
Después continúan a toda velocidad por J. P. Varela hacia el centro. Allí pude ver que el lugar de la matrícula estaba vacío.
Hoy 14 de abril de 2010, a 38 años de un día de fuego y sangre la impunidad continúa…A 38 años donde el Escuadrón de la Muerte sembraba el terror, desde las sombras y amparados por todas las dilaciones, continúa la represión y las amenazas.
En lo que va de este año es la tercera vez que me desmantelan el auto. Dos en la puerta de mi casa, otra en la noche de ayer. Alguna vez pareció robo común, aunque siempre revolvieron todo. Anoche robaron elementos del auto, pero también se llevaron casi toda la propaganda sobre el próximo Rescate de Plenaria Memoria y Justicia.
El 21 de abril a las 18 horas desde San Martín y Br. Artigas, vamos a realizar un rescate de Silvia, Laura y Diana. Asesinadas el 21.04 .74 por la banda de la OCOA, cuando buscaban a Washington. Varios de los que las asesinaron están hoy en la cárcel VIP de Piedras Blancas. Otros libres, como es el caso de Armando Méndez, Eduardo Ferro y más de 400 militares identificados. Washington Barrios aún permanece desaparecido desde el 17.09.1974.
En fin, la impunidad avalada por proyectos de liberar a los "pobres viejitos", por indultos y transas de todo tipo, habilita estas prácticas.
En memoria de los que cayeron y fueron asesinados en la lucha contra el Escuadró de la Muerte y por una sociedad justa, por Nicolás Gropp, Norma Pagliano, Alberto Candán Grajales, Gabriel Schroeder, Horacio Rovira, Armando Blanco, Luis Martirena e Ivette Giménez, la lucha contra la impunidad continúa, no nos sacarán de las calles.
Irma Leites. 14 de abril de 2010
Los hechos:
El hostigamiento que hace varios años sufrimos se incrementa. A las llamadas amenazantes se suma una acción más grave. Anoche se llevan de mi auto todo el material de propaganda de las próximas actividades de Plenaria Memoria y Justicia. Hecho que descubro a las 07 horas. Voy a mi trabajo. Y pasadas las 10 horas vuelvo a la zona a buscar una parte del auto que quedó allí y los vecinos encontraron.
Luego, al doblar de Larravide hacia Batlle y Ordóñez, por la calle J. P. Varela, me intercepta una camioneta blanca, Mitsubishi, con cuatro hombres en ella. Me cierran el paso contra el cantero central y sacando un arma me grita uno de ellos: ¡Quédate quieta hija de puta. Déjate de joder porque te vamos a quemar!. A lo cual reaccioné gritándoles que hacían. Preguntándoles quienes eran. Si eran fachos, si eran milicos.
Después continúan a toda velocidad por J. P. Varela hacia el centro. Allí pude ver que el lugar de la matrícula estaba vacío.
Hoy 14 de abril de 2010, a 38 años de un día de fuego y sangre la impunidad continúa…A 38 años donde el Escuadrón de la Muerte sembraba el terror, desde las sombras y amparados por todas las dilaciones, continúa la represión y las amenazas.
En lo que va de este año es la tercera vez que me desmantelan el auto. Dos en la puerta de mi casa, otra en la noche de ayer. Alguna vez pareció robo común, aunque siempre revolvieron todo. Anoche robaron elementos del auto, pero también se llevaron casi toda la propaganda sobre el próximo Rescate de Plenaria Memoria y Justicia.
El 21 de abril a las 18 horas desde San Martín y Br. Artigas, vamos a realizar un rescate de Silvia, Laura y Diana. Asesinadas el 21.04 .74 por la banda de la OCOA, cuando buscaban a Washington. Varios de los que las asesinaron están hoy en la cárcel VIP de Piedras Blancas. Otros libres, como es el caso de Armando Méndez, Eduardo Ferro y más de 400 militares identificados. Washington Barrios aún permanece desaparecido desde el 17.09.1974.
En fin, la impunidad avalada por proyectos de liberar a los "pobres viejitos", por indultos y transas de todo tipo, habilita estas prácticas.
En memoria de los que cayeron y fueron asesinados en la lucha contra el Escuadró de la Muerte y por una sociedad justa, por Nicolás Gropp, Norma Pagliano, Alberto Candán Grajales, Gabriel Schroeder, Horacio Rovira, Armando Blanco, Luis Martirena e Ivette Giménez, la lucha contra la impunidad continúa, no nos sacarán de las calles.
Irma Leites. 14 de abril de 2010
lunes, 12 de abril de 2010
Carta abierta al parlamento uruguayo
CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO DE URUGUAY EXIGIENDO LA ANULACIÓN DE LA LEY 15.848
Un conjunto de vecinas y vecinos que somos parte del larguísimo millón de ciudadanos que ha expresa-do de manera sistemática y creciente, y por diversos medios, el rechazo indeclinable a la Ley 15.848 “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, nos presentamos ante el cuerpo legislativo nacional para demandar que éste asuma, sin más dilatorias, la responsabilidad funcional que le compete ante el caso extremo de impedimento impuesto al Poder Judicial, desde hace más de 20 años, de actuar ante gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado uruguayo, al amparo de esta “ley” que sabiamente nuestro pueblo ha bautizado como “LEY DE IMPUNIDAD” y que viola los convenios internacionales suscritos por Uruguay sobre el juicio y castigo a estos delitos a escala mundial.
Nos presentamos para exigir del Parlamento, LA ANULACIÓN YA DE LA LEY 15.848, sin posteriores “indultos” ni “excepcionalidades” que supongan eximir a los criminales del juicio y castigo merecidos.
El último pronunciamiento público del 25 de Octubre de 2009 en el sentido de anular la “ley”, deja en evidencia que -más allá de formalidades, procedimientos electorales cuestionables y la falta de difusión pública de fundamentos para la nulidad- en 20 años no han sido depuestos ni el anhelo ni el clamor populares de Verdad y Justicia, ni tampoco el categórico rechazo a que sea el mismo Estado violador de los Derechos Humanos el que pretenda –a través del Poder Ejecutivo- disponer quiénes, cuándo y cómo deben ser juzgados y castigados por la única institución que se supone debe hacer cumplir la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”, sin excepciones ni favoritismos.
Un solo hecho habla por sí mismo de cómo debe proceder la Justicia cuando no es sometida a la presión de otros poderes o cuando otros poderes pretenden autoatribuirse las potestades de aquella: el principal responsable político de violar la Constitución de la República en 1973 y co-responsable ideológico de aberrantes crímenes de lesa humanidad, un ex presidente y dictador, ha sido condenado –aunque más no sea tardíamente- por funcionarios del Poder Judicial que no cedieron ni al amedrentamiento ni a la presión de otros funcionarios públicos, partidos políticos o instituciones oficiales.
Juan María Bordaberry, procesado y condenado por golpista y por asesino, es la medida de cúanto se ha impedido en 20 años desconociéndose la independencia y las atribuciones del Poder Judicial, y cuánto nos hubiésemos ahorrado en riesgos de seguridad ciudadana y nuevas amenazas golpistas, de haberse hecho caso al clamor y la voluntad populares de Verdad y Justicia, dejándose actuar debidamente al Poder Judicial dentro de los marcos y las reglas de juego instituídos por el mismo Estado que hoy las des-conoce.
La realidad rompe los ojos y no caben ya las medias tintas:
O el Poder Legislativo, atendiendo a la sensibilidad ciudadana y respetuoso de las normas de justicia de carácter nacional e internacional, ANULA YA MISMO LA LEY DE IMPUNIDAD sin dejarse influir por presiones en busca de “indultos” o “perdón”, o nuestro pueblo no tendrá más remedio que concluir que la salvaguarda de los Derechos Humanos, para defenderse por sí y ante sí, quedaría necesariamente y exclusivamente, bajo su única responsabilidad.
Esta sería la conclusión lógica ante la pasividad del Parlamento y esta misma pasividad evidenciaría la existencia de “pactos” o “conjuras” que pretenden garantizar de por vida salvoconductos de impunidad “selectiva”, tan graves y delicados respecto al pasado, como lo serían también respecto al presente y el futuro.
A diario se revelan crudamente las incontables formas de la impunidad (la de la discriminación y criminalización de la pobreza; la de la omnipotencia y los vejámenes patronales; la de los represores que provocan situaciones trágicas en nombre de “la ley y el orden”; la de agentes que existirían para garantizar la seguridad ciudadana y sin embargo son responsables de horrendos crímenes, robos y secuestros; hasta la impunidad de medidas político-económicas de cuyos perjuicios sociales nadie se hace cargo, siendo un muy buen ejemplo de ello la “deuda externa”), pero no esperamos el “imposible” de que este Parlamento las elimine, sino simplemente que no consagre las formas extremas de la impunidad, consagrando “leyes” que habilitan el terrorismo de Estado y la protección de quienes lo practican.
Lo único que estamos exigiendo –en síntesis-, enérgica y responsablemente, es que se deje actuar libremente al Poder Judicial en cuanto a los cientos y cientos de casos de individuos que siguen siendo un peligro social y cuya situación de amparo y protección, representa de hecho un aliciente para la acción de nuevos y más feroces enemigos del pueblo, con uniforme o sin él, en “democracia” o en “dictadura”. No hacerlo, es declarar irresponsablemente la impunidad como atributo “legal” de los poderosos y privilegiados hasta en las situaciones más aberrantes y anti humanas.
Lo que sencillamente exigimos de senadores y diputados elegidos para “representarnos”, es que no sean cómplices de hecho de la impunidad extrema:
QUE YA MISMO NOS “REPRESENTEN” AL MENOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON SU DEBER DE ANULAR YA LA LEY 15.848, PONIENDO FRENO A CUALQUIER MANIOBRA QUE SIGNIFIQUE PERDONAR, INDULTAR O PRIVILEGIAR A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, Y QUE PRESERVE A NUESTRO PAÍS DE EVENTUALES SANCIONES DEVENIDAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL URUGUAY.
A la espera de que los legisladores respondan ya mismo con hechos a la presente demanda y manteniéndonos atentos a la conducta parlamentaria sobre el particular,
Firma: Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad, abril de 2010.
RESISTIR LA IMPUNIDAD BARRIO A BARRIO – DÍA A DÍA
Suscriben:
Coordinacion de vecinos
Un conjunto de vecinas y vecinos que somos parte del larguísimo millón de ciudadanos que ha expresa-do de manera sistemática y creciente, y por diversos medios, el rechazo indeclinable a la Ley 15.848 “de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, nos presentamos ante el cuerpo legislativo nacional para demandar que éste asuma, sin más dilatorias, la responsabilidad funcional que le compete ante el caso extremo de impedimento impuesto al Poder Judicial, desde hace más de 20 años, de actuar ante gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado uruguayo, al amparo de esta “ley” que sabiamente nuestro pueblo ha bautizado como “LEY DE IMPUNIDAD” y que viola los convenios internacionales suscritos por Uruguay sobre el juicio y castigo a estos delitos a escala mundial.
Nos presentamos para exigir del Parlamento, LA ANULACIÓN YA DE LA LEY 15.848, sin posteriores “indultos” ni “excepcionalidades” que supongan eximir a los criminales del juicio y castigo merecidos.
El último pronunciamiento público del 25 de Octubre de 2009 en el sentido de anular la “ley”, deja en evidencia que -más allá de formalidades, procedimientos electorales cuestionables y la falta de difusión pública de fundamentos para la nulidad- en 20 años no han sido depuestos ni el anhelo ni el clamor populares de Verdad y Justicia, ni tampoco el categórico rechazo a que sea el mismo Estado violador de los Derechos Humanos el que pretenda –a través del Poder Ejecutivo- disponer quiénes, cuándo y cómo deben ser juzgados y castigados por la única institución que se supone debe hacer cumplir la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”, sin excepciones ni favoritismos.
Un solo hecho habla por sí mismo de cómo debe proceder la Justicia cuando no es sometida a la presión de otros poderes o cuando otros poderes pretenden autoatribuirse las potestades de aquella: el principal responsable político de violar la Constitución de la República en 1973 y co-responsable ideológico de aberrantes crímenes de lesa humanidad, un ex presidente y dictador, ha sido condenado –aunque más no sea tardíamente- por funcionarios del Poder Judicial que no cedieron ni al amedrentamiento ni a la presión de otros funcionarios públicos, partidos políticos o instituciones oficiales.
Juan María Bordaberry, procesado y condenado por golpista y por asesino, es la medida de cúanto se ha impedido en 20 años desconociéndose la independencia y las atribuciones del Poder Judicial, y cuánto nos hubiésemos ahorrado en riesgos de seguridad ciudadana y nuevas amenazas golpistas, de haberse hecho caso al clamor y la voluntad populares de Verdad y Justicia, dejándose actuar debidamente al Poder Judicial dentro de los marcos y las reglas de juego instituídos por el mismo Estado que hoy las des-conoce.
La realidad rompe los ojos y no caben ya las medias tintas:
O el Poder Legislativo, atendiendo a la sensibilidad ciudadana y respetuoso de las normas de justicia de carácter nacional e internacional, ANULA YA MISMO LA LEY DE IMPUNIDAD sin dejarse influir por presiones en busca de “indultos” o “perdón”, o nuestro pueblo no tendrá más remedio que concluir que la salvaguarda de los Derechos Humanos, para defenderse por sí y ante sí, quedaría necesariamente y exclusivamente, bajo su única responsabilidad.
Esta sería la conclusión lógica ante la pasividad del Parlamento y esta misma pasividad evidenciaría la existencia de “pactos” o “conjuras” que pretenden garantizar de por vida salvoconductos de impunidad “selectiva”, tan graves y delicados respecto al pasado, como lo serían también respecto al presente y el futuro.
A diario se revelan crudamente las incontables formas de la impunidad (la de la discriminación y criminalización de la pobreza; la de la omnipotencia y los vejámenes patronales; la de los represores que provocan situaciones trágicas en nombre de “la ley y el orden”; la de agentes que existirían para garantizar la seguridad ciudadana y sin embargo son responsables de horrendos crímenes, robos y secuestros; hasta la impunidad de medidas político-económicas de cuyos perjuicios sociales nadie se hace cargo, siendo un muy buen ejemplo de ello la “deuda externa”), pero no esperamos el “imposible” de que este Parlamento las elimine, sino simplemente que no consagre las formas extremas de la impunidad, consagrando “leyes” que habilitan el terrorismo de Estado y la protección de quienes lo practican.
Lo único que estamos exigiendo –en síntesis-, enérgica y responsablemente, es que se deje actuar libremente al Poder Judicial en cuanto a los cientos y cientos de casos de individuos que siguen siendo un peligro social y cuya situación de amparo y protección, representa de hecho un aliciente para la acción de nuevos y más feroces enemigos del pueblo, con uniforme o sin él, en “democracia” o en “dictadura”. No hacerlo, es declarar irresponsablemente la impunidad como atributo “legal” de los poderosos y privilegiados hasta en las situaciones más aberrantes y anti humanas.
Lo que sencillamente exigimos de senadores y diputados elegidos para “representarnos”, es que no sean cómplices de hecho de la impunidad extrema:
QUE YA MISMO NOS “REPRESENTEN” AL MENOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON SU DEBER DE ANULAR YA LA LEY 15.848, PONIENDO FRENO A CUALQUIER MANIOBRA QUE SIGNIFIQUE PERDONAR, INDULTAR O PRIVILEGIAR A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, Y QUE PRESERVE A NUESTRO PAÍS DE EVENTUALES SANCIONES DEVENIDAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL URUGUAY.
A la espera de que los legisladores respondan ya mismo con hechos a la presente demanda y manteniéndonos atentos a la conducta parlamentaria sobre el particular,
Firma: Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad, abril de 2010.
RESISTIR LA IMPUNIDAD BARRIO A BARRIO – DÍA A DÍA
Suscriben:
Coordinacion de vecinos
viernes, 9 de abril de 2010
Argentina dos militantes sociales asesinados en Tucumán
Argentina: Dos militantes sociales asesinados en Tucumán
x Agencia Walsh ::
Tucumán, una de las provincias mas golpeadas por el hambre y la exclusión, pero también por la organización y la resistencia social, denuncia dos nuevos asesinatos de militantes sociales. Orlando Vargas (Conejo) y Esteban Condori (Papilo)
San Salvador de Jujuy, 30 de marzo de 2010.-
Parte de prensa
Orlando "Conejo" Vargas. 43 años.
- 1er maestro artesanal que representó a la provincia de Jujuy en Colón, Entre Ríos, designado por el consejo asesor de artesanos de la provincia de Jujuy.
- fundador de la 1era murga de Palpala "botas locas".
- luchador ecologista y fundador del 1er movimiento ambientalista contra la empresa Sulffhar del barrio 23 de agosto, Palpala. Apoyaba la lucha contra la megaminería. Militaba en el área de ecología del movimiento social y cultural "tupaj katari".
- vicepresidente del centro vecinal del barrio 23 de agosto-Palpala.
Falleció (muerte dudosa) el 26 de marzo de 2010.
Junto a él un volante que decía: "Empresas, gobierno, leyes y dinero... van cabando (sic) la tumba de nuestros hijos..."
Hasta siempre compañero conejo!!!
Esteban Plácido "Papilo" Condorí. 32 años
- miembro de la agrupación barrial "Avelino Bazan" del movimiento social y cultural tupaj katari.
- trabajador activo y luchador contra la injusticia social. Peleador del hambre del día a día.
- estaba al servicio del lavado de autos en el predio de los galpones recuperados del movimiento tupaj katari, en el cual militaba.
Gran compañero, gran amigo.
Asesinado el 28 de marzo de 2010.
¡¡Basta de impunidad en Jujuy!!!!
x Agencia Walsh ::
Tucumán, una de las provincias mas golpeadas por el hambre y la exclusión, pero también por la organización y la resistencia social, denuncia dos nuevos asesinatos de militantes sociales. Orlando Vargas (Conejo) y Esteban Condori (Papilo)
San Salvador de Jujuy, 30 de marzo de 2010.-
Parte de prensa
Orlando "Conejo" Vargas. 43 años.
- 1er maestro artesanal que representó a la provincia de Jujuy en Colón, Entre Ríos, designado por el consejo asesor de artesanos de la provincia de Jujuy.
- fundador de la 1era murga de Palpala "botas locas".
- luchador ecologista y fundador del 1er movimiento ambientalista contra la empresa Sulffhar del barrio 23 de agosto, Palpala. Apoyaba la lucha contra la megaminería. Militaba en el área de ecología del movimiento social y cultural "tupaj katari".
- vicepresidente del centro vecinal del barrio 23 de agosto-Palpala.
Falleció (muerte dudosa) el 26 de marzo de 2010.
Junto a él un volante que decía: "Empresas, gobierno, leyes y dinero... van cabando (sic) la tumba de nuestros hijos..."
Hasta siempre compañero conejo!!!
Esteban Plácido "Papilo" Condorí. 32 años
- miembro de la agrupación barrial "Avelino Bazan" del movimiento social y cultural tupaj katari.
- trabajador activo y luchador contra la injusticia social. Peleador del hambre del día a día.
- estaba al servicio del lavado de autos en el predio de los galpones recuperados del movimiento tupaj katari, en el cual militaba.
Gran compañero, gran amigo.
Asesinado el 28 de marzo de 2010.
¡¡Basta de impunidad en Jujuy!!!!
sábado, 3 de abril de 2010
Argentina: muere estudiante en huelga de hambre
huelga cobró su primera víctima fatal
En el día de ayer un estudiante universitario privado de la libertad, Rubén Terzagui, murió en el marco de la huelga de hambre. Los detenidos continúan con la medida en las cárceles de la provincia y ya se extendió a federales. Desde que se inició la huelga, el Servicio Penitenciario trasladó compulsivamente a más de treinta detenidos a diferentes unidades penales. Apuntan a desarticular su organización.
Huelga de hambre
La Cantora
Traslados masivos y vejaciones a los huelguistas
A diez días de comenzada la huelga de hambre en distintas unidades penales de la Provincia de Buenos Aires, también se sumaron al reclamo las unidades federales de Devoto y Marcos Paz.
Ante este reclamo realizado por las personas privadas de la libertad, el Servicio Penitenciario Bonaerense dejó en evidencia su costado más represivo. Las muestras de esto son las amenazas, coacciones y traslados para las personas que ejercen su derecho a la protesta. En este marco fue que falleció Rubén Terzagui, quien adhería a la medida y ya llevaba una larga lucha por ser escuchado por las autoridades del ámbito judicial y del Servicio Penitenciario Bonaerense (ver "Un sueño trunco").
La huelga de hambre tuvo inicio el pasado jueves 18 de marzo en los pabellones universitarios y de trabajadores de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, en repudio al endurecimiento de las normas penales y procesales. Con el correr de los días, detenidos alojados en las Unidades 21 de Campana, 45 de Melchor Romero, 1 de Olmos, 8 y 46 de mujeres, se plegaron a la medida. Se exige a los jueces y legisladores que ejerzan el control de convencionalidad y constitucionalidad de la normativa en crítica.
En este contexto, las autoridades del S.P.B. no le han realizado a los detenidos los controles sanitarios periódicos que corresponden en situaciones como estas. Por el contrario, han ido tomando medidas cada vez más contraproducentes y vejatorias para las condiciones de vida de los huelguistas. Es el caso del traslado, -horas antes del inicio de la huelga- de seis detenidos estudiantes universitarios que organizaban esa medida en la Unidad 9; a los que sumaron cinco estudiantes de la Unidad 45 y a otros dos que fueron sacados de la Unidad 21 de Campana.
Se trata de José María Augusto Gandolfi, Sergio López Mandri, Sergio Molina Pomares, Martín Acosta Prochnuk, Ezequiel Neuman Rioja, Ignacio Monzón Águila, Nelson Fabián Sampietro López, Luis Gorosito, Ricardo Luis Colman Zavala, Juan Asti Ferreira, Walter Colman Zavala, Jorge Penela Dorado y Daniel Isidro Polischuk Gorski.
Todos estos traslados se realizaron de manera injustificada y sin previo aviso a cada uno de los Tribunales correspondientes a las causas de los detenidos, lo que demuestra que su funcionalidad es, únicamente, la de atormentar y castigar a quienes llevan adelante esta medida de absoluta legalidad, apuntando a desarticular su organización y a desplegar todo tipo de apremios psicológicos para quebrarlos.
En este mismo orden, otras 20 personas que se encontraban en huelga de hambre fueron trasladadas de la unidad Penal Nº 1 de Olmos. En los Pabellones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de esa cárcel, el Servicio Penitenciario Bonaerense suspendió el acceso a los teléfonos, prohibió el ingreso a los docentes de las escuelas y, el día 24 de marzo, en el momento en que se desarrollaba el acto en memoria del más horroroso Golpe de Estado que haya sufrido la Argentina, trasladó compulsivamente a esos 20 detenidos y amedrentó al resto de la población con el único objetivo de romper la huelga.
Negociaciones
En el transcurso de estos diez días de protesta, los huelguistas han recibido en sucesivas reuniones a distintas autoridades que, cuidándose de no dejar constancia escrita y firmada de ello, se comprometieron a cesar los traslados y reintegrar a sus unidades de origen a quienes sí sufrieron esa situación.
A la primera de estas reuniones, realizadas en la Unidad 9 de La Plata, el martes 23 a las 10 de la mañana asistieron el Dr. Ricardo Casal -Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, César Albarracín- Subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Javier Mendoza –Jefe del Servicio Penitenciario Boenaerense-, senadores y diputados nacionales y provinciales entre ellos: conti, Gianetassio, rivara. A este encuentro no permitieron el ingreso de las organizaciones que están mediando y que representan a los detenidos.
Allí se le entregó el petitorio a las autoridades y se resolvió seguir con la huelga. Además se propuso una reunion para el dia viernes con la intención de continuar el diálogo.
En la segunda reunión, el viernes 26 a las 16 hs., asistieron César Albarracín, Javier Mendoza y representantes de las organizaciones mediadoras: Azucena Racosta del Colectivo La Cantora, Alicia Romero del Comité contra la tortura, Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Secretaría de DDHH de La Plata.
En esta ocasión, César Albarracín mencionó un Proyecto de ley que contemplaría algunos de los puntos del petitorio y también habló sobre una posible comisión que debatiría sobre las reformas legislativas, pero no propuso algo concreto. Por lo tanto los detenidos decidieron continuar con la huelga.
Por otro lado, Albarracín se comprometió a dar la orden de que los huelguistas no fueran trasladados. Sin embargo, esa misma madrugada Ignacio Monzón Águila, plegado a la medida, fue sacado del pabellón 11 de la Unidad 9 hacia Florencio Varela. Este traslado se suma a los otros doce, sufrido por estudiantes universitarios, que en la actualidad siguen “sin destino”. Todos ellos están contemplados en el habeas corpus colectivo presentado por las organizaciones, lo que logró que se les diera audiencia en los juzgados.
Si bien es cierto que no es novedad la forma en que el S.P.B. ataca con absoluta impunidad los intentos de organización de la población carcelaria, cabe resaltar que el contexto social en general no es ajeno a esta nueva respuesta represiva. Apenas unas horas separaron este hecho del que protagonizaron los manifestantes de ATE, en reclamo de la medida inconstitucional lanzada por el gobierno de Daniel Scioli de descontar parte de los sueldos a docentes que, en un marco de plena legalidad, ejercieron su derecho a huelga. Por si esto fuera poco, las autoridades del Ministerio de Educación bonaerense denunciaron que la toma del edificio de la Dirección General de Escuelas de la provincia fue violenta, siendo que representantes de ATE le demostraron a la policía que no hubo destrozos ni desmanes por parte de los manifestantes.
El telón de fondo que Scioli propone para acolchonar estas medidas represivas es por demás conocido: con renovado apoyo de los legisladores del PRO, vuelve a la carga su Código Contravencional que tiene como principal meta la criminalización de los sectores sociales más castigados, al mismo tiempo que intenta aprobar una nueva limitación a las excarcelaciones. Los puntos expuestos en el código acentúan las políticas de seguridad y otorgan un poder desmedido a la policía, que ninguno de nosotros quiere volver a soportar.
Este 24 de marzo volvimos a recordar con dolor el inicio de la última dictadura militar. En la permanente búsqueda de justicia que exige aquella época, el próximo 12 de abril comienza el juicio a quienes en 1976 eran autoridades de la Unidad 9, por los llamados “pabellones de la muerte”. Como hoy, en esta nueva circunstancia de lucha, médicos, oficiales y funcionarios tenían la obligación de velar por la seguridad y custodiar la salud, la vida y la integridad física de los detenidos. Como hoy, en 1976 esa obligación fue incumplida, por lo que serán juzgados. La historia de la represión, la impunidad y el dolor se repite. La necesidad de justicia, también.
Un sueño trunco
Rubén Terzagui era un estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Estaba privado de su libertad, tenia sueños y esperanza de lograr algún día, a través de su esfuerzo, un titulo que le permitiera darle en un futuro no muy lejano una herramienta que le allanara el camino y lo ayudara a, eventualmente, reinsertarse en la sociedad; no sólo en el sentido social sino también en un sentido socioeconómico y lograr así convertirse en una herramienta útil a los fines de las necesidades de su familia y la sociedad que lo marginaba. (Ver "En memoria de Rubén Terzagui".
Soñaba con el fin de su encierro como así también el fin de un relicario de errores que debía pagar. Sentía que el cambio era posible, sabía que si se esforzaba podía lograrlo, tenia esperanzas y trabajaba denodadamente para lograr su objetivo. Pero no sabia que así como él trabajaba para superarse, otros trabajaban para truncar sus sueños. Él estaba enfermo, era portador de H.I.V. y no era atendido con la delicadeza que una enfermedad así lo requiere.
En reiteradas ocasiones realizó el reclamo ante las autoridades pertinentes sin obtener un eco favorable a su solicitud, pidió ayuda a distintas organizaciones de Derechos Humanos, las cuales presentaron sendos Recursos de Habeas Corpus para lograr la atención sanitaria requerida, pero ninguno de estos pedidos fue escuchado ni tampoco logró su cometido final, dejándolo en un total abandono. A raíz de su necesidad de ser escuchado, en varias ocasiones de inició medidas de fuerza como huelgas de hambre, sabiendo que esto ponía en riesgo su integridad física, pero a pesar de ello tampoco fue escuchado.
Es así que habiéndose enterado que sus pares iniciarían una huelga de hambre el 18 de marzo en reclamo de mejoras en las condiciones de detención como así también se respete los plazos razonables de la prisión preventiva y los pactos internacionales a los cuales suscribió la Nación Argentina, decidió plegarse a tal medida. Rubén no sabía que en el transcurso de la protesta lo sorprendería el oscuro manto de la muerte, que pondría punto final a todos sus reclamos el día 28 de marzo del corriente año, en el sector de sanidad de la Unidad Penal Nº 22 de la ciudad de La Plata...
Redacción La Cantora
En el día de ayer un estudiante universitario privado de la libertad, Rubén Terzagui, murió en el marco de la huelga de hambre. Los detenidos continúan con la medida en las cárceles de la provincia y ya se extendió a federales. Desde que se inició la huelga, el Servicio Penitenciario trasladó compulsivamente a más de treinta detenidos a diferentes unidades penales. Apuntan a desarticular su organización.
Huelga de hambre
La Cantora
Traslados masivos y vejaciones a los huelguistas
A diez días de comenzada la huelga de hambre en distintas unidades penales de la Provincia de Buenos Aires, también se sumaron al reclamo las unidades federales de Devoto y Marcos Paz.
Ante este reclamo realizado por las personas privadas de la libertad, el Servicio Penitenciario Bonaerense dejó en evidencia su costado más represivo. Las muestras de esto son las amenazas, coacciones y traslados para las personas que ejercen su derecho a la protesta. En este marco fue que falleció Rubén Terzagui, quien adhería a la medida y ya llevaba una larga lucha por ser escuchado por las autoridades del ámbito judicial y del Servicio Penitenciario Bonaerense (ver "Un sueño trunco").
La huelga de hambre tuvo inicio el pasado jueves 18 de marzo en los pabellones universitarios y de trabajadores de la Unidad Penal Nº 9 de La Plata, en repudio al endurecimiento de las normas penales y procesales. Con el correr de los días, detenidos alojados en las Unidades 21 de Campana, 45 de Melchor Romero, 1 de Olmos, 8 y 46 de mujeres, se plegaron a la medida. Se exige a los jueces y legisladores que ejerzan el control de convencionalidad y constitucionalidad de la normativa en crítica.
En este contexto, las autoridades del S.P.B. no le han realizado a los detenidos los controles sanitarios periódicos que corresponden en situaciones como estas. Por el contrario, han ido tomando medidas cada vez más contraproducentes y vejatorias para las condiciones de vida de los huelguistas. Es el caso del traslado, -horas antes del inicio de la huelga- de seis detenidos estudiantes universitarios que organizaban esa medida en la Unidad 9; a los que sumaron cinco estudiantes de la Unidad 45 y a otros dos que fueron sacados de la Unidad 21 de Campana.
Se trata de José María Augusto Gandolfi, Sergio López Mandri, Sergio Molina Pomares, Martín Acosta Prochnuk, Ezequiel Neuman Rioja, Ignacio Monzón Águila, Nelson Fabián Sampietro López, Luis Gorosito, Ricardo Luis Colman Zavala, Juan Asti Ferreira, Walter Colman Zavala, Jorge Penela Dorado y Daniel Isidro Polischuk Gorski.
Todos estos traslados se realizaron de manera injustificada y sin previo aviso a cada uno de los Tribunales correspondientes a las causas de los detenidos, lo que demuestra que su funcionalidad es, únicamente, la de atormentar y castigar a quienes llevan adelante esta medida de absoluta legalidad, apuntando a desarticular su organización y a desplegar todo tipo de apremios psicológicos para quebrarlos.
En este mismo orden, otras 20 personas que se encontraban en huelga de hambre fueron trasladadas de la unidad Penal Nº 1 de Olmos. En los Pabellones 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de esa cárcel, el Servicio Penitenciario Bonaerense suspendió el acceso a los teléfonos, prohibió el ingreso a los docentes de las escuelas y, el día 24 de marzo, en el momento en que se desarrollaba el acto en memoria del más horroroso Golpe de Estado que haya sufrido la Argentina, trasladó compulsivamente a esos 20 detenidos y amedrentó al resto de la población con el único objetivo de romper la huelga.
Negociaciones
En el transcurso de estos diez días de protesta, los huelguistas han recibido en sucesivas reuniones a distintas autoridades que, cuidándose de no dejar constancia escrita y firmada de ello, se comprometieron a cesar los traslados y reintegrar a sus unidades de origen a quienes sí sufrieron esa situación.
A la primera de estas reuniones, realizadas en la Unidad 9 de La Plata, el martes 23 a las 10 de la mañana asistieron el Dr. Ricardo Casal -Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, César Albarracín- Subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires, Javier Mendoza –Jefe del Servicio Penitenciario Boenaerense-, senadores y diputados nacionales y provinciales entre ellos: conti, Gianetassio, rivara. A este encuentro no permitieron el ingreso de las organizaciones que están mediando y que representan a los detenidos.
Allí se le entregó el petitorio a las autoridades y se resolvió seguir con la huelga. Además se propuso una reunion para el dia viernes con la intención de continuar el diálogo.
En la segunda reunión, el viernes 26 a las 16 hs., asistieron César Albarracín, Javier Mendoza y representantes de las organizaciones mediadoras: Azucena Racosta del Colectivo La Cantora, Alicia Romero del Comité contra la tortura, Oscar Rodríguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Secretaría de DDHH de La Plata.
En esta ocasión, César Albarracín mencionó un Proyecto de ley que contemplaría algunos de los puntos del petitorio y también habló sobre una posible comisión que debatiría sobre las reformas legislativas, pero no propuso algo concreto. Por lo tanto los detenidos decidieron continuar con la huelga.
Por otro lado, Albarracín se comprometió a dar la orden de que los huelguistas no fueran trasladados. Sin embargo, esa misma madrugada Ignacio Monzón Águila, plegado a la medida, fue sacado del pabellón 11 de la Unidad 9 hacia Florencio Varela. Este traslado se suma a los otros doce, sufrido por estudiantes universitarios, que en la actualidad siguen “sin destino”. Todos ellos están contemplados en el habeas corpus colectivo presentado por las organizaciones, lo que logró que se les diera audiencia en los juzgados.
Si bien es cierto que no es novedad la forma en que el S.P.B. ataca con absoluta impunidad los intentos de organización de la población carcelaria, cabe resaltar que el contexto social en general no es ajeno a esta nueva respuesta represiva. Apenas unas horas separaron este hecho del que protagonizaron los manifestantes de ATE, en reclamo de la medida inconstitucional lanzada por el gobierno de Daniel Scioli de descontar parte de los sueldos a docentes que, en un marco de plena legalidad, ejercieron su derecho a huelga. Por si esto fuera poco, las autoridades del Ministerio de Educación bonaerense denunciaron que la toma del edificio de la Dirección General de Escuelas de la provincia fue violenta, siendo que representantes de ATE le demostraron a la policía que no hubo destrozos ni desmanes por parte de los manifestantes.
El telón de fondo que Scioli propone para acolchonar estas medidas represivas es por demás conocido: con renovado apoyo de los legisladores del PRO, vuelve a la carga su Código Contravencional que tiene como principal meta la criminalización de los sectores sociales más castigados, al mismo tiempo que intenta aprobar una nueva limitación a las excarcelaciones. Los puntos expuestos en el código acentúan las políticas de seguridad y otorgan un poder desmedido a la policía, que ninguno de nosotros quiere volver a soportar.
Este 24 de marzo volvimos a recordar con dolor el inicio de la última dictadura militar. En la permanente búsqueda de justicia que exige aquella época, el próximo 12 de abril comienza el juicio a quienes en 1976 eran autoridades de la Unidad 9, por los llamados “pabellones de la muerte”. Como hoy, en esta nueva circunstancia de lucha, médicos, oficiales y funcionarios tenían la obligación de velar por la seguridad y custodiar la salud, la vida y la integridad física de los detenidos. Como hoy, en 1976 esa obligación fue incumplida, por lo que serán juzgados. La historia de la represión, la impunidad y el dolor se repite. La necesidad de justicia, también.
Un sueño trunco
Rubén Terzagui era un estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Estaba privado de su libertad, tenia sueños y esperanza de lograr algún día, a través de su esfuerzo, un titulo que le permitiera darle en un futuro no muy lejano una herramienta que le allanara el camino y lo ayudara a, eventualmente, reinsertarse en la sociedad; no sólo en el sentido social sino también en un sentido socioeconómico y lograr así convertirse en una herramienta útil a los fines de las necesidades de su familia y la sociedad que lo marginaba. (Ver "En memoria de Rubén Terzagui".
Soñaba con el fin de su encierro como así también el fin de un relicario de errores que debía pagar. Sentía que el cambio era posible, sabía que si se esforzaba podía lograrlo, tenia esperanzas y trabajaba denodadamente para lograr su objetivo. Pero no sabia que así como él trabajaba para superarse, otros trabajaban para truncar sus sueños. Él estaba enfermo, era portador de H.I.V. y no era atendido con la delicadeza que una enfermedad así lo requiere.
En reiteradas ocasiones realizó el reclamo ante las autoridades pertinentes sin obtener un eco favorable a su solicitud, pidió ayuda a distintas organizaciones de Derechos Humanos, las cuales presentaron sendos Recursos de Habeas Corpus para lograr la atención sanitaria requerida, pero ninguno de estos pedidos fue escuchado ni tampoco logró su cometido final, dejándolo en un total abandono. A raíz de su necesidad de ser escuchado, en varias ocasiones de inició medidas de fuerza como huelgas de hambre, sabiendo que esto ponía en riesgo su integridad física, pero a pesar de ello tampoco fue escuchado.
Es así que habiéndose enterado que sus pares iniciarían una huelga de hambre el 18 de marzo en reclamo de mejoras en las condiciones de detención como así también se respete los plazos razonables de la prisión preventiva y los pactos internacionales a los cuales suscribió la Nación Argentina, decidió plegarse a tal medida. Rubén no sabía que en el transcurso de la protesta lo sorprendería el oscuro manto de la muerte, que pondría punto final a todos sus reclamos el día 28 de marzo del corriente año, en el sector de sanidad de la Unidad Penal Nº 22 de la ciudad de La Plata...
Redacción La Cantora
jueves, 1 de abril de 2010
En el día de la tierra ( Yaum al Ard) : algunas reflexiones
EN EL DÍA DE LA TIERRA (YAUM AL ARD): ALGUNAS REFLEXIONES.
Por Ruben Elías Dutra*
Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino
Montevideo, 30 de marzo de 2010**
El 30 de marzo en Palestina y en muchos lugares del mundo se celebra el Día de la Tierra (Yaum al Ard). En momentos en que el Estado de Israel continúa con su política de judaización mediante la conquista y ocupación de tierras de Palestina, es oportuno hacer algunas reflexiones sobre el origen histórico de la celebración con los sucesos de nuestros días.
El 29 de marzo de 1976, el Estado de Israel confiscó unas 2.000 hectáreas de tierras palestinas. También declaró zona militar a las ciudades y aldeas e impuso el toque de queda. Un día después, el 30 de marzo, se desató una huelga general y hubo manifestaciones multitudinarias en los territorios ocupados, adoptando el pueblo palestino medidas similares a las del pueblo uruguayo el 27 de junio de 1973, ante la disolución de las cámaras. La reacción de las tropas israelíes fue brutal. Ese día fueron asesinados a sangre fría siete jóvenes, fueron heridas 49 personas y 300 detenidas.
Ya en la propia declaración Balfour (02/11/1922), se observa el conflicto latente entre los derechos de los palestinos y la estrategia colonizadora sionista. Allí, Gran Bretaña se manifiesta "favorable al establecimiento, en Palestina, de un hogar nacional judío", y agrega: "entendiéndose que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judaicas existentes en Palestina".
Desde entonces, antes y después de la creación del Estado de Israel, ha habido un proceso de conquista territorial judaizante, que discrimina y expulsa al resto de la población, violando todos sus derechos.
En vísperas de la partición de Palestina en 1948, las organizaciones militares y paramilitares sionistas expulsaron a miles de habitantes palestinos por la fuerza y el terror, mediante amenazas, atentados y matanzas, como la de Dair Yasin, donde exterminaron a todos los habitantes de esa aldea.
El joven Estado de Israel nació en 1948, expulsando a miles de palestinos, que pasaron a vivir en campos de refugiados. Hoy su número supera los 4 millones, con derechos reconocidos por la ONU a retornar a las tierras y viviendas de las que fueron expulsados.
Para aquel que intenta "ser lo más objetivo posible", basta mirar una serie de mapas desde 1922 a la fecha, para comprobar la expansión del territorio de Israel, uno de los pocos estados que no tiene fronteras definidas a priori y que desconoce las resoluciones de la ONU al respecto.
En 1967 toda Palestina y partes de territorios de todos los países vecinos fueron ocupados por Israel. Sólo Egipto recuperó sus tierras, Siria, Líbano y... Palestina aún esperan. Para la ONU, Palestina incluyendo Jerusalén Oriental son territorios ocupados e Israel es la potencia ocupante, con deberes establecidos por tratados internacionales que viola e incumple impunemente. Es admirable que después de casi una década de dominio israelí, el 30 de marzo de 1976, el pueblo palestino desarmado se haya opuesto heroicamente el robo de sus tierras frente a las tropas de ocupación de una de las principales potencias militares. Y más admirable aún es que la voluntad de resistir se mantenga.
Hoy, el actual gobierno de Israel, a través de su canciller, reclama que Israel sea reconocido como "estado judío". Punto que es rechazado por muchas de las personas de esa confesión y, evidentemente, no se corresponde con la resolución de partición de la ONU. Este reclamo israelí, para nada inocente, implica desconocer el derecho al retorno de los refugiados palestinos que vivían en el actual Israel. En ese marco, también continúa expulsando a los palestinos de sus hogares en Jerusalén Oriental. En 1980, Israel aprobó la Ley Básica que anexa esa parte y establece que Jerusalén es su "capital eterna e indivisible". Pese a la resolución 478 del Consejo de Seguridad considera que esa Ley carece de validez jurídica.
Poco después de la guerra de 1967, Israel aumentó unas 20 veces la extensión de la municipalidad de Jerusalén, e instaló asentamientos en el este con el fin de aislar la ciudad árabe del resto de Cisjordania, para impedir que fuera un centro de gravitación religioso, económico, político y cultural de Palestina.
El proyecto del gobierno de Netanyahu es ampliar más Jerusalén para "anexar la denominada zona E1, un territorio de 12 kilómetros cuadrados donde se erigirán 3.500 viviendas para 14.500 colonos, lo que conectará Jerusalén con el bloque de Maale Adumim y, mucho más importante, partirá en dos Cisjordania", como lo denunció el profesor Ignacio Alvarez-Ossorio en España.
Mediante la fragmentación territorial, Israel persigue conformar pequeños territorios palestinos, aislados entre sí (la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y una Cisjordania dividida por lo menos en dos) a semejanza de los "batustanes" creados en Sudáfrica. De esa manera los territorios palestinos serán dominables y dependientes, aun en el caso que reciban el status de Estado.
Hasta ahora, el Estado de Israel viola impunemente los tratados internacionales, las resoluciones de la ONU y los acuerdos de Oslo. Continúa con su política de segregación y expulsión/exterminio/genocidio del resto de la población, ocupando tierras, ciudades y aldeas, haciendo un uso discriminatorio de recursos como el agua.
Los omnipotentes israelíes que impulsan un sistema de apartheid no deben olvidar que el régimen sudafricano cayó por la resistencia interna y por la condena y aislamiento de la comunidad internacional. En el mundo, día a día, se suman nuevas voces que condenan la política segregacionista de Israel. En lo interno, este 30 de marzo, la población palestina indignada salió a la calle recordando el Día de la Tierra y en rechazo de la judaización de Jerusalén, Belén y Hebrón.
La lucha de los pueblos por su autodeterminación continúa.
______________________________
* Presidente de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino - Uruguay
** Publicado en la Sección Editorial de "La República", el jueves 1º de abril de 2010.
Por Ruben Elías Dutra*
Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino
Montevideo, 30 de marzo de 2010**
El 30 de marzo en Palestina y en muchos lugares del mundo se celebra el Día de la Tierra (Yaum al Ard). En momentos en que el Estado de Israel continúa con su política de judaización mediante la conquista y ocupación de tierras de Palestina, es oportuno hacer algunas reflexiones sobre el origen histórico de la celebración con los sucesos de nuestros días.
El 29 de marzo de 1976, el Estado de Israel confiscó unas 2.000 hectáreas de tierras palestinas. También declaró zona militar a las ciudades y aldeas e impuso el toque de queda. Un día después, el 30 de marzo, se desató una huelga general y hubo manifestaciones multitudinarias en los territorios ocupados, adoptando el pueblo palestino medidas similares a las del pueblo uruguayo el 27 de junio de 1973, ante la disolución de las cámaras. La reacción de las tropas israelíes fue brutal. Ese día fueron asesinados a sangre fría siete jóvenes, fueron heridas 49 personas y 300 detenidas.
Ya en la propia declaración Balfour (02/11/1922), se observa el conflicto latente entre los derechos de los palestinos y la estrategia colonizadora sionista. Allí, Gran Bretaña se manifiesta "favorable al establecimiento, en Palestina, de un hogar nacional judío", y agrega: "entendiéndose que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judaicas existentes en Palestina".
Desde entonces, antes y después de la creación del Estado de Israel, ha habido un proceso de conquista territorial judaizante, que discrimina y expulsa al resto de la población, violando todos sus derechos.
En vísperas de la partición de Palestina en 1948, las organizaciones militares y paramilitares sionistas expulsaron a miles de habitantes palestinos por la fuerza y el terror, mediante amenazas, atentados y matanzas, como la de Dair Yasin, donde exterminaron a todos los habitantes de esa aldea.
El joven Estado de Israel nació en 1948, expulsando a miles de palestinos, que pasaron a vivir en campos de refugiados. Hoy su número supera los 4 millones, con derechos reconocidos por la ONU a retornar a las tierras y viviendas de las que fueron expulsados.
Para aquel que intenta "ser lo más objetivo posible", basta mirar una serie de mapas desde 1922 a la fecha, para comprobar la expansión del territorio de Israel, uno de los pocos estados que no tiene fronteras definidas a priori y que desconoce las resoluciones de la ONU al respecto.
En 1967 toda Palestina y partes de territorios de todos los países vecinos fueron ocupados por Israel. Sólo Egipto recuperó sus tierras, Siria, Líbano y... Palestina aún esperan. Para la ONU, Palestina incluyendo Jerusalén Oriental son territorios ocupados e Israel es la potencia ocupante, con deberes establecidos por tratados internacionales que viola e incumple impunemente. Es admirable que después de casi una década de dominio israelí, el 30 de marzo de 1976, el pueblo palestino desarmado se haya opuesto heroicamente el robo de sus tierras frente a las tropas de ocupación de una de las principales potencias militares. Y más admirable aún es que la voluntad de resistir se mantenga.
Hoy, el actual gobierno de Israel, a través de su canciller, reclama que Israel sea reconocido como "estado judío". Punto que es rechazado por muchas de las personas de esa confesión y, evidentemente, no se corresponde con la resolución de partición de la ONU. Este reclamo israelí, para nada inocente, implica desconocer el derecho al retorno de los refugiados palestinos que vivían en el actual Israel. En ese marco, también continúa expulsando a los palestinos de sus hogares en Jerusalén Oriental. En 1980, Israel aprobó la Ley Básica que anexa esa parte y establece que Jerusalén es su "capital eterna e indivisible". Pese a la resolución 478 del Consejo de Seguridad considera que esa Ley carece de validez jurídica.
Poco después de la guerra de 1967, Israel aumentó unas 20 veces la extensión de la municipalidad de Jerusalén, e instaló asentamientos en el este con el fin de aislar la ciudad árabe del resto de Cisjordania, para impedir que fuera un centro de gravitación religioso, económico, político y cultural de Palestina.
El proyecto del gobierno de Netanyahu es ampliar más Jerusalén para "anexar la denominada zona E1, un territorio de 12 kilómetros cuadrados donde se erigirán 3.500 viviendas para 14.500 colonos, lo que conectará Jerusalén con el bloque de Maale Adumim y, mucho más importante, partirá en dos Cisjordania", como lo denunció el profesor Ignacio Alvarez-Ossorio en España.
Mediante la fragmentación territorial, Israel persigue conformar pequeños territorios palestinos, aislados entre sí (la Franja de Gaza, Jerusalén Oriental y una Cisjordania dividida por lo menos en dos) a semejanza de los "batustanes" creados en Sudáfrica. De esa manera los territorios palestinos serán dominables y dependientes, aun en el caso que reciban el status de Estado.
Hasta ahora, el Estado de Israel viola impunemente los tratados internacionales, las resoluciones de la ONU y los acuerdos de Oslo. Continúa con su política de segregación y expulsión/exterminio/genocidio del resto de la población, ocupando tierras, ciudades y aldeas, haciendo un uso discriminatorio de recursos como el agua.
Los omnipotentes israelíes que impulsan un sistema de apartheid no deben olvidar que el régimen sudafricano cayó por la resistencia interna y por la condena y aislamiento de la comunidad internacional. En el mundo, día a día, se suman nuevas voces que condenan la política segregacionista de Israel. En lo interno, este 30 de marzo, la población palestina indignada salió a la calle recordando el Día de la Tierra y en rechazo de la judaización de Jerusalén, Belén y Hebrón.
La lucha de los pueblos por su autodeterminación continúa.
______________________________
* Presidente de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino - Uruguay
** Publicado en la Sección Editorial de "La República", el jueves 1º de abril de 2010.
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