ALTERNATIVAS -Revista de prensa- ENTREVISTAS, CRÓNICAS,SELECCIONADAS O REALIZADAS POR NUESTRO COLECTIVO.
domingo, 8 de enero de 2012
Mujeres colombianas, avasalladas por la guerra
Hablar de Paz en el Mundo no implica callar ante crímenes cercanos: "…en Colombia la oligarquía festeja sobre las fosas comunes". http://t.co/tkj0TYWC
Fidel y Chávez, en Colombia también hay guerra...
Mujeres colombianas, avasalladas por la guerra
Germán Uribe
Rebelión
Lo que venimos de conocer ahora a través de distintas investigaciones de ONGs y de Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe sobre la mujer y el conflicto colombiano en 2010 referente a la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas, alcanza, sin equívoco alguno, el contundente calificativo de espeluznante. Probablemente como muchas otras de las crueldades y barbaries ya incrustadas en el alma y en la historia diaria de los colombianos, pero para este caso, con connotaciones extremas ya que comporta una sistemática destrucción del equilibrio emocional y sicológico, y de la integridad moral y física del género femenino, ciertamente el más vulnerable y el menos protegido.
Espeluznante… sí.
"Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2004, hace seis años: me cortaron el cuero cabelludo con una macheta. El ‘Flaco’ vivía en la casa del frente de nosotros. Golpeó puertas, a mi marido le dio disparos y a mí no me quitó el cabello sino que me quitó el cuero cabelludo; me iba a meter viva en un hueco. Yo corrí, me metí en la casa de mi abuela bañada en sangre. Los carros no me querían sacar porque la gente temía. Sólo un señor se arriesgó a sacarme. En el hospital me cogieron cincuenta y pico de puntos y a los tres días me dieron de alta. La Policía de San Onofre me quitó las recetas de los medicamentos. Ellos eran los mismos: eran mandados por ‘Cadena’". (Rincón del Mar, entrevista a mujer adulta, Sucre, noviembre 2010). Testimonio tomado de La Silla Vacía, de entrevista a María Emma Wills, coordinadora del informe “Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano”.
Pero, igualmente, veamos este único dato de una investigación que cubre de 2000 a 2010, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh): “… cada hora cerca de nueve mujeres sufrieron agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas fueron niñas menores de 18 años”, comprobándose en el estudio que los ataques, en un altísimo porcentaje, provinieron del Estado, bien sea por consumación directa, o por condescendencia o apoyo a los actos violentos cometidos por grupos armados ilegales.
En este 2011 se cumplieron cien años desde que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer… pero la lucha centenaria por sus derechos, definitivamente, al menos en Colombia, parece ir cada día más en reversa y, por ende, en contravía a sus anhelos. Su vulnerabilidad se viene acentuando, y su dependencia y algún grado de esclavitud en determinados ámbitos y regiones, acusan un nivel de desesperanza e impunidad que ni el Estado, ni los gobiernos, ni los legisladores, ni la sociedad machista, han querido enfrentar con rigor. Sufren por doquier las emboscadas a su integridad, y los logros específicos por el respeto a su dignidad, e incluso a su vida, parecen esfumarse mientras usted y yo, amigo lector, tan solo dolidos o indignados, da lo mismo en tanto la amenaza no cese, nos limitamos a escribir o a leer artículos como este.
Según la ONG española Itermón Oxfam, más del 50% de nuestra población son mujeres, algo así como 22.5 millones, padeciendo el 54% de ellas las rudezas de la pobreza o a la indigencia. Supimos que el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló por estos días que en los últimos diez años se presentaron más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres; 4.000 asesinatos y 40.000 asaltos sexuales, y que cerca de medio millón fueron víctimas de violencia sexual en 407 municipios colombianos a manos de la Fuerza Pública, el paramilitarismo y demás actores armados de la guerra que estamos viviendo.
Y es que no nos queda más que repetir aquí, ejerciendo, eso sí, nuestra sagrada obligación de servir de altavoces de las injusticias y las atrocidades, cifras, estadísticas y resultados de los estudios a los que tuvimos acceso recientemente. Por ejemplo, entre 2001 y 2009, según la misma ONG española, cada seis horas una mujer colombiana fue abusada y un promedio diario de 245 fueron víctimas de algún tipo de violencia.
Pero es que, además, la prensa viene machacando a diario estos resultados investigativos que hacen que los columnistas nos sintamos exigidos a verterlos sobre nuestros limitados espacios críticos. Los que nos ocupan ahora, en particular, puntualizando una de las más feroces y sangrantes realidades de la “Colombia es pasión”, o la de la “Seguridad democrática”, o la del “todo vale”: Acción Social tiene registradas más de 1.950.000 desplazadas en el país: el 30 por ciento salió de sus hogares por violencia sexual y el 25 por ciento volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio. Y en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los más de 57 mil crímenes admitidos por los paramilitares solo 86 son de violencia sexual, pese a que hay 727 denuncias. Y lo inaudito: hasta hace pocos días se concretó la primera condena a tres paramilitares del “refundador y patriótico” bloque Vencedores de Arauca.
En conclusión, la crudeza histórica colombiana ha convertido a nuestras mujeres en simples trofeos de guerra. Lo que este vergonzoso drama tiene por más condenable es la forma en que el conflicto las ha venido trasformando en carne de cañón y botín de guerra, “honor” del asaltante y posesión material de “bienes” del enemigo. Los perros de presa del paramilitarismo, por ejemplo, encontraron en la mujer el instrumento para la vindicta y el desahogo perfecto para sus apetitos salvajes de sangre y sexo.
Cientos de miles de mujeres colombianas viven hoy la fatalidad del terror, el desplazamiento, el despojo, el desarraigo, las laceraciones, la indigencia, las violaciones, la esclavitud, el olvido, la impunidad y la muerte.
¡Movilicémonos también por ellas!
Fidel y Chávez, en Colombia también hay guerra...
Mujeres colombianas, avasalladas por la guerra
Germán Uribe
Rebelión
Lo que venimos de conocer ahora a través de distintas investigaciones de ONGs y de Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su informe sobre la mujer y el conflicto colombiano en 2010 referente a la violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas, alcanza, sin equívoco alguno, el contundente calificativo de espeluznante. Probablemente como muchas otras de las crueldades y barbaries ya incrustadas en el alma y en la historia diaria de los colombianos, pero para este caso, con connotaciones extremas ya que comporta una sistemática destrucción del equilibrio emocional y sicológico, y de la integridad moral y física del género femenino, ciertamente el más vulnerable y el menos protegido.
Espeluznante… sí.
"Los hechos sucedieron el 31 de octubre de 2004, hace seis años: me cortaron el cuero cabelludo con una macheta. El ‘Flaco’ vivía en la casa del frente de nosotros. Golpeó puertas, a mi marido le dio disparos y a mí no me quitó el cabello sino que me quitó el cuero cabelludo; me iba a meter viva en un hueco. Yo corrí, me metí en la casa de mi abuela bañada en sangre. Los carros no me querían sacar porque la gente temía. Sólo un señor se arriesgó a sacarme. En el hospital me cogieron cincuenta y pico de puntos y a los tres días me dieron de alta. La Policía de San Onofre me quitó las recetas de los medicamentos. Ellos eran los mismos: eran mandados por ‘Cadena’". (Rincón del Mar, entrevista a mujer adulta, Sucre, noviembre 2010). Testimonio tomado de La Silla Vacía, de entrevista a María Emma Wills, coordinadora del informe “Mujeres y Guerra: víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano”.
Pero, igualmente, veamos este único dato de una investigación que cubre de 2000 a 2010, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh): “… cada hora cerca de nueve mujeres sufrieron agresiones sexuales, y en su mayoría (84%), las víctimas fueron niñas menores de 18 años”, comprobándose en el estudio que los ataques, en un altísimo porcentaje, provinieron del Estado, bien sea por consumación directa, o por condescendencia o apoyo a los actos violentos cometidos por grupos armados ilegales.
En este 2011 se cumplieron cien años desde que se instauró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer… pero la lucha centenaria por sus derechos, definitivamente, al menos en Colombia, parece ir cada día más en reversa y, por ende, en contravía a sus anhelos. Su vulnerabilidad se viene acentuando, y su dependencia y algún grado de esclavitud en determinados ámbitos y regiones, acusan un nivel de desesperanza e impunidad que ni el Estado, ni los gobiernos, ni los legisladores, ni la sociedad machista, han querido enfrentar con rigor. Sufren por doquier las emboscadas a su integridad, y los logros específicos por el respeto a su dignidad, e incluso a su vida, parecen esfumarse mientras usted y yo, amigo lector, tan solo dolidos o indignados, da lo mismo en tanto la amenaza no cese, nos limitamos a escribir o a leer artículos como este.
Según la ONG española Itermón Oxfam, más del 50% de nuestra población son mujeres, algo así como 22.5 millones, padeciendo el 54% de ellas las rudezas de la pobreza o a la indigencia. Supimos que el Instituto Nacional de Medicina Legal reveló por estos días que en los últimos diez años se presentaron más de 600.000 hechos de violencia contra las mujeres; 4.000 asesinatos y 40.000 asaltos sexuales, y que cerca de medio millón fueron víctimas de violencia sexual en 407 municipios colombianos a manos de la Fuerza Pública, el paramilitarismo y demás actores armados de la guerra que estamos viviendo.
Y es que no nos queda más que repetir aquí, ejerciendo, eso sí, nuestra sagrada obligación de servir de altavoces de las injusticias y las atrocidades, cifras, estadísticas y resultados de los estudios a los que tuvimos acceso recientemente. Por ejemplo, entre 2001 y 2009, según la misma ONG española, cada seis horas una mujer colombiana fue abusada y un promedio diario de 245 fueron víctimas de algún tipo de violencia.
Pero es que, además, la prensa viene machacando a diario estos resultados investigativos que hacen que los columnistas nos sintamos exigidos a verterlos sobre nuestros limitados espacios críticos. Los que nos ocupan ahora, en particular, puntualizando una de las más feroces y sangrantes realidades de la “Colombia es pasión”, o la de la “Seguridad democrática”, o la del “todo vale”: Acción Social tiene registradas más de 1.950.000 desplazadas en el país: el 30 por ciento salió de sus hogares por violencia sexual y el 25 por ciento volvió a sufrir abuso en los lugares de refugio. Y en el marco de la Ley de Justicia y Paz, de los más de 57 mil crímenes admitidos por los paramilitares solo 86 son de violencia sexual, pese a que hay 727 denuncias. Y lo inaudito: hasta hace pocos días se concretó la primera condena a tres paramilitares del “refundador y patriótico” bloque Vencedores de Arauca.
En conclusión, la crudeza histórica colombiana ha convertido a nuestras mujeres en simples trofeos de guerra. Lo que este vergonzoso drama tiene por más condenable es la forma en que el conflicto las ha venido trasformando en carne de cañón y botín de guerra, “honor” del asaltante y posesión material de “bienes” del enemigo. Los perros de presa del paramilitarismo, por ejemplo, encontraron en la mujer el instrumento para la vindicta y el desahogo perfecto para sus apetitos salvajes de sangre y sexo.
Cientos de miles de mujeres colombianas viven hoy la fatalidad del terror, el desplazamiento, el despojo, el desarraigo, las laceraciones, la indigencia, las violaciones, la esclavitud, el olvido, la impunidad y la muerte.
¡Movilicémonos también por ellas!
jueves, 5 de enero de 2012
viernes, 30 de diciembre de 2011
El problema de la INSEGURIDAD
El problema de la INSEGURIDAD
La inseguridad en sí no es un problema, es una sensación, un estado del espíritu, es la falta de paz, la inquietud que nos provoca no poder prever qué pasará mañana.
En este lugar, la insegruidad toma diferentes caras, una de ellas, la más conocida, es la que se presenta en la mente de aquellxs, que a fuerza de informativos, están a cada momento esperando ser víctimas de la próxima rapiña, y que enfermos de esta paranoia gastan fortunas en el gran negocio de la (in)seguridad (rejas, alarmas, circuitos cerrados, etc.) y hasta son capaces de matar a su propia hija. Pero no hablemos de esta enfermedad mental, que ya hay muchxs que hablan de ella. Vamos a hablar de una inseguridad más vital, aunque menos conocida: la que padecen aquellxs que no tienen un lugar dónde vivir.
Familias enteras viven día a día en la calle, expulsadxs del campo, gente que perdió su trabajo y no llega a pagar el alquiler, nuevas familias que necesitan un espacio dónde desarrollarse, entre otras situaciones. Muchxs, cansadxs de aguantar esta situación, deciden poner manos a la obra y solucionar este problema por sí mismxs... son muchas las casas vacías y mucha la gente sin casa, es tan absurdo como real.
Ocupar una casa abandonada o un terreno baldío, individual o colectivamente, con el deseo y la necesidad de tener un hogar, sin pedir nada a nadie, es una solución válida. ¿Qué tiene ésto de malo?
Pero hay cierta gente que no padece estas inseguridades, pero que gana plata con la gente que sí las padece. Empresarixs del negocio inmobiliario, políticxs que pagan favores con terrenos, sociedades anónimas allegadas a círculos de poder, promueven desalojos a familias de sus hogares, como pasó en Nuevo Capra, en el Remanso de Neptunia y como está pasando ahora en MARINDIA. Estas personas manejan grandes Capitales y el Estado está a su servicio. Así se han hecho leyes que penan la ocupación de un terreno para vivir en él como si fuera un delito (Ley votada en el 2007 por legisladorxs de todos los partidos), por otro lado como pasó en Neptunia, el Estado perdonó deudas a sociedades anónimas por décadas sin razón que lo justifique. Queda en claro que la okupación es un mal ejemplo y hay que detenerlo, porque el pobre sino, puede saber que la vida no siempre tiene que ser sufrida, y que las leyes que cuidan el absurdo no merecen ser respetadas.
Reivindicamos la okupación de tierras, porque reivindicamos el derecho de cada ser vivo de desarrollarse en un lugar de este planeta y no admitimos que unxs puedan tener de sobra y otrxs no tener nada, mientras la naturaleza nos ha hecho a todxs iguales.
Aborrecemos a aquellxs que ocupan terrenos para luego venderlos, perpetuando la lógica colonialista de apropiarse de la tierra como de una mercancía. A ésto oponemos la convivencia en una convivencia con la tierra que nos permita vivir en ella sin arruinarla y sin sentirnos sus dueños, sino parte de ella.
No podemos esperar nada del Estado, ya que él siempre actúa del lado de lxs ricxs y ante los constantes ataques que recibimos lxs okupantes de parte de privados o públicos, tenemos en claro que sólo la auto-organización horizontal (sin jefes ni representantes) y el apoyo mutuo podrán ejercer una fuerza capaz de defender los proyectos de vida que se ponen en marcha en cada okupación, como en la experiencia del Remanso donde la lucha colectiva frenó los procesos de desalojo. Fortalecer vínculos y demostrar al vecinx no-okupante que la okupación no es un acto en su contra sino de reivindicación de un derecho natural de todo ser.
Hoy en día, familias en Marindia Norte padecen la inseguridad de no saber si podrán seguir viviendo en las casas que hace 11 años ellxs mismxs construyeron, porque tienen un juicio de desalojo pendiendo sobre sus cabezas. En estos momentos es que la solidaridad se hace más urgente. Activar las redes de información y apoyo mutuo es vital, somos muchxs (800.000 personas okupan en Uruguay) en esta situación y vidas enteras se ponen en juego en cada desalojo.
Porque hay muchas tierras en pocas manos y que exista gente sin casa es un atentado a la inteligencia.
RESISTENCIA A LOS DESALOJOS Y SOLIDARIDAD ENTRE LXS VECINXS.
S.R.O.A (Sociedad de Resistencia de Okupantes y Afines)
Meil: okupantesyafines@gmail.com
Web: http://okupantesyafines.blogspot.com
Miguel Soler Roca recuerda al maestro Julio Castro.
ANUARIA / POLÍTICA
30.12.11
Con cariño
Miguel Soler Roca recuerda al maestro Julio Castro.
Colega y amigo de Julio Castro, Soler relata sus experiencias junto al maestro proyectando la escuela rural en Uruguay y alfabetizando en distintos países latinoamericanos. Describe al funcionario de UNESCO que la gente adoraba, al hombre lleno de convicciones y comprometido con los más pobres del campo. Reflexiona, con dolor y firmeza, sobre la desaparición, la búsqueda y el reciente hallazgo.
-¿Cuándo lo conoció?
-Julio es de 1908 y yo de 1922, por consiguiente nos separaban 14 años. Cuando me gradué de maestro, en diciembre de 1939, al mes siguiente ya fui alumno de Julio porque en aquel tiempo había cursos de perfeccionamiento para maestros en el verano. Julio estaba a cargo de unas clases sobre José Pedro Varela y era un expositor muy claro, brillante, documentado, que aparte sabía transmitir y contagiar interés por la materia que estuviera tratando.
sigue en : http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/12/con-carino/
fuente : La Diaria
30.12.11
Con cariño
Miguel Soler Roca recuerda al maestro Julio Castro.
Colega y amigo de Julio Castro, Soler relata sus experiencias junto al maestro proyectando la escuela rural en Uruguay y alfabetizando en distintos países latinoamericanos. Describe al funcionario de UNESCO que la gente adoraba, al hombre lleno de convicciones y comprometido con los más pobres del campo. Reflexiona, con dolor y firmeza, sobre la desaparición, la búsqueda y el reciente hallazgo.
-¿Cuándo lo conoció?
-Julio es de 1908 y yo de 1922, por consiguiente nos separaban 14 años. Cuando me gradué de maestro, en diciembre de 1939, al mes siguiente ya fui alumno de Julio porque en aquel tiempo había cursos de perfeccionamiento para maestros en el verano. Julio estaba a cargo de unas clases sobre José Pedro Varela y era un expositor muy claro, brillante, documentado, que aparte sabía transmitir y contagiar interés por la materia que estuviera tratando.
sigue en : http://ladiaria.com.uy/articulo/2011/12/con-carino/
fuente : La Diaria
viernes, 23 de diciembre de 2011
Minerales de sangre bajo el árbol de Navidad Destacado por Amanda Wilson
Minerales de sangre bajo el árbol de Navidad
Los principales regalos para esta Navidad son dispositivos electrónicos, muchos de los cuales son fabricados con minerales de regiones con conflictos armados que causan masivas violaciones a los derechos humanos.
IPS
Al igual que los “diamantes de sangre”, expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos va en aumento.
Se denuncia, por ejemplo, que financia atrocidades en República Democrática del Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994.
La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank es más conocida por regular el mercado financiero de Estados Unidos, pero parte de la norma trata sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio de este país en la compra de minerales de conflicto.
Algunas disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) informen si obtienen el tungsteno, el estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC relacionadas con violaciones de derechos humanos perpetradas por grupos armados.
La norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el contenido de los productos utilizados.
Pero la disposición está estancada en un proceso de reglamentación de la SEC, encargada de definir cómo se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank. El organismo tiene ocho meses de retraso según su propio plazo. El asunto figura en el sitio de Internet entre las tareas pendientes para este año que termina.
Los defensores de la ley, entre los que hay organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Estados Unidos y de RDC, se preguntan sobre las razones de la demora.
Global Witness, organización de control de recursos naturales de conflicto, recordó que están en juego vidas humanas.
La demora, “de hecho, permite ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques contra civiles en Congo y obtengan mayores beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness.
Una investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en RDC informó que 300 personas de tres aldeas cercanas a yacimientos mineros en la oriental provincia de Kivu Norte fueron violadas en agosto de 2010.
El foro mundial atribuyó el episodio a la competencia por el acceso a los minerales.
Global Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un mapeo de la cadena de abastecimiento, e informó que el comercio de minerales de conflicto aviva la apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde “los abusos a los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual, alcanzaron proporciones catastróficas”.
Los opositores a la norma, muchos de ellos defensores de los intereses corporativos, arguyen que las disposiciones pueden cortar el comercio con RDC o ser muy difíciles de cumplir, y que será extremadamente complicado rastrear el origen de los minerales.
En cambio, los partidarios sostienen que la procedencia de los minerales, tungsteno, estaño y tantalio, pueden remontarse hasta unas pocas fundiciones en el mundo.
También sostienen que la norma no bloqueará el comercio y que solo requerirá que las corporaciones investiguen si compran minerales suministrados por organizaciones armadas de RDC, revelen la información y tomen medidas con la “debida diligencia” para buscar otras minas de abastecimiento.
El gobernador de Kivu Norte dijo a investigadores de Global Witness en abril que hay guerra desde 1996 y les preguntó “por qué el gobierno de Estados Unidos no aprobó esta ley hace 10 años”.
El representante Jim McDermott, partidario de la norma, señaló que el proyecto de ley fue una medida actualizada que permitirá a consumidores e inversionistas decidir si entablan una relación de negocios con empresas que adquieren minerales de conflicto.
“Es importante si creemos en la justicia social de cortar los fondos de quienes matan y violan en África“, dijo McDermott.
El estado de California utilizó la norma como modelo para su propio proyecto de ley, que aprobó en septiembre y que prohíbe hacer negocios con compañías que utilizan minerales de conflicto.
“Creo que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos.
“Estamos hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son importantes para los derechos humanos y tenemos ocho meses de retraso. ¿Cuáles son las consecuencias?”, preguntó.
Una disposición de mayor alcance geográfico de la Ley Dodd-Frank, también vinculada a la transparencia, es otra de las que sufre demoras en el proceso de reglamentación de la SEC.
La disposición requerirá que compañías mineras, de gas y petróleo informen a la SEC los impuestos, las regalías, los derechos de producción, entre otros, y las primas que pagan a los gobiernos.
La coalición de lucha contra la corrupción Publiquen lo Que Pagan, integrada por 600 organizaciones religiosas, ambientalistas y de la sociedad civil, trabaja para implementar esa medida desde 2004.
“En muchos países ricos en recursos naturales buena parte de la población vive con menos de dos dólares al día”, indicó Isabel Munilla, directora de Publiquen lo Que Pagan, en un foro organizado por la Brookings Institution en Washington.
Las iniciativas que promueven la transparencia financiera disminuyen la corrupción y aumentan la capacidad de la ciudadanía de los países con recursos naturales para reclamar su justa parte de los beneficios.
McDermott urgió a ciudadanos de Estados Unidos a apoyar la total implementación de la Ley Dodd-Frank.
“Creo que la ganancia honesta puede convivir con la justicia social, y de eso se trata esto”, indicó.
La SEC se negó a hacer declaraciones sobre las causas de la demora.
Los principales regalos para esta Navidad son dispositivos electrónicos, muchos de los cuales son fabricados con minerales de regiones con conflictos armados que causan masivas violaciones a los derechos humanos.
IPS
Al igual que los “diamantes de sangre”, expertos afirman que la venta de los llamados “minerales de conflicto” de grupos armados a empresas que fabrican productos para el mercado de Estados Unidos va en aumento.
Se denuncia, por ejemplo, que financia atrocidades en República Democrática del Congo (RDC), donde ya han muerto cinco millones de personas en el conflicto más cruento de África, después del genocidio de Ruanda de 1994.
La Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street Dodd-Frank es más conocida por regular el mercado financiero de Estados Unidos, pero parte de la norma trata sobre la responsabilidad corporativa fuera del territorio de este país en la compra de minerales de conflicto.
Algunas disposiciones requieren que las compañías que figuran en la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) informen si obtienen el tungsteno, el estaño, el tantalio y el oro de zonas de RDC relacionadas con violaciones de derechos humanos perpetradas por grupos armados.
La norma obligará a las compañías a activar el proceso llamado “debida diligencia para una cadena de suministro”, para brindar a la SEC la información sobre el contenido de los productos utilizados.
Pero la disposición está estancada en un proceso de reglamentación de la SEC, encargada de definir cómo se aplicará ese punto específico de la Ley Dodd-Frank. El organismo tiene ocho meses de retraso según su propio plazo. El asunto figura en el sitio de Internet entre las tareas pendientes para este año que termina.
Los defensores de la ley, entre los que hay organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Estados Unidos y de RDC, se preguntan sobre las razones de la demora.
Global Witness, organización de control de recursos naturales de conflicto, recordó que están en juego vidas humanas.
La demora, “de hecho, permite ganar tiempo a las organizaciones armadas responsables de horrendos ataques contra civiles en Congo y obtengan mayores beneficios del comercio de minerales”, según Global Witness.
Una investigación realizada por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en RDC informó que 300 personas de tres aldeas cercanas a yacimientos mineros en la oriental provincia de Kivu Norte fueron violadas en agosto de 2010.
El foro mundial atribuyó el episodio a la competencia por el acceso a los minerales.
Global Witness realizó sus propias investigaciones, incluido un mapeo de la cadena de abastecimiento, e informó que el comercio de minerales de conflicto aviva la apropiación de tierras y el desplazamiento de personas en Kivu Norte, donde “los abusos a los derechos humanos, incluidas violaciones y esclavitud sexual, alcanzaron proporciones catastróficas”.
Los opositores a la norma, muchos de ellos defensores de los intereses corporativos, arguyen que las disposiciones pueden cortar el comercio con RDC o ser muy difíciles de cumplir, y que será extremadamente complicado rastrear el origen de los minerales.
En cambio, los partidarios sostienen que la procedencia de los minerales, tungsteno, estaño y tantalio, pueden remontarse hasta unas pocas fundiciones en el mundo.
También sostienen que la norma no bloqueará el comercio y que solo requerirá que las corporaciones investiguen si compran minerales suministrados por organizaciones armadas de RDC, revelen la información y tomen medidas con la “debida diligencia” para buscar otras minas de abastecimiento.
El gobernador de Kivu Norte dijo a investigadores de Global Witness en abril que hay guerra desde 1996 y les preguntó “por qué el gobierno de Estados Unidos no aprobó esta ley hace 10 años”.
El representante Jim McDermott, partidario de la norma, señaló que el proyecto de ley fue una medida actualizada que permitirá a consumidores e inversionistas decidir si entablan una relación de negocios con empresas que adquieren minerales de conflicto.
“Es importante si creemos en la justicia social de cortar los fondos de quienes matan y violan en África“, dijo McDermott.
El estado de California utilizó la norma como modelo para su propio proyecto de ley, que aprobó en septiembre y que prohíbe hacer negocios con compañías que utilizan minerales de conflicto.
“Creo que hubo mucha presión política de diferentes grupos, algunos del sector corporativo”, para que no saliera la ley, dijo Corinna Gilfillan, directora de la oficina de Global Witness en Estados Unidos.
“Estamos hablando de dos disposiciones realmente fundamentales y que son importantes para los derechos humanos y tenemos ocho meses de retraso. ¿Cuáles son las consecuencias?”, preguntó.
Una disposición de mayor alcance geográfico de la Ley Dodd-Frank, también vinculada a la transparencia, es otra de las que sufre demoras en el proceso de reglamentación de la SEC.
La disposición requerirá que compañías mineras, de gas y petróleo informen a la SEC los impuestos, las regalías, los derechos de producción, entre otros, y las primas que pagan a los gobiernos.
La coalición de lucha contra la corrupción Publiquen lo Que Pagan, integrada por 600 organizaciones religiosas, ambientalistas y de la sociedad civil, trabaja para implementar esa medida desde 2004.
“En muchos países ricos en recursos naturales buena parte de la población vive con menos de dos dólares al día”, indicó Isabel Munilla, directora de Publiquen lo Que Pagan, en un foro organizado por la Brookings Institution en Washington.
Las iniciativas que promueven la transparencia financiera disminuyen la corrupción y aumentan la capacidad de la ciudadanía de los países con recursos naturales para reclamar su justa parte de los beneficios.
McDermott urgió a ciudadanos de Estados Unidos a apoyar la total implementación de la Ley Dodd-Frank.
“Creo que la ganancia honesta puede convivir con la justicia social, y de eso se trata esto”, indicó.
La SEC se negó a hacer declaraciones sobre las causas de la demora.
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