Las verdades del ecoturismo en Chiapas

Dolores Camacho Velázquez publicado por Desinformémonos México. Los centros ecoturísticos que operan en comunidades chiapanecas, apoyados por el gobierno, lo hacen bajo la lógica del mercado, lo cual trae destrucción de la naturaleza y de las relaciones sociales. No resuelven el problema de la pobreza, al contrario, crean otros como divisiones, violencia y exclusión. Pero además todo indica que es el inicio de una forma soterrada de privatización de los recursos naturales, porque esos pequeños grupos que cuentan con la autorización para explotar los recursos, en pocos años fracasan, lo que lleva a una etapa de privatización. El turismo siempre fue importante para los planes de desarrollo de los gobiernos chiapanecos, pero a partir del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía (2000 a 2006) se convirtió en sector estratégico para el desarrollo del estado. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el gobierno del estado, a través de las oficinas de Turismo y de Fomento Económico, con el financiamiento del Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en la Selva Lacandona (Prodesis)[1] [1] unieron esfuerzos para apoyar el desarrollo del turismo. En el “Proyecto Chiapas Visión 2020” -en operación desde 1998 para impulsar el desarrollo del estado, según sus gestores-, se identifica al turismo como el sector estratégico para el desarrollo estatal y se especifican las acciones necesarias para lograrlo, que incluyen planes para construcción de infraestructura para atraer a más turistas. El plan señala que “su misión es identificar, desarrollar y promover proyectos y/o acciones estratégicas que contribuyan al desarrollo de la competitividad regional, con la colaboración efectiva de los principales autores, actores y beneficiarios del desarrollo, basada en los valores de bien común, subsidiariedad y solidaridad.” El Proyecto fue revisado en 2012, con la participación de los gobiernos estatal y federal, hoteleros y agencias de viajes. No encontramos por ningún lado a los indígenas y campesinos que habitan las zonas turísticas que pretenden explotarse -y perjudicarse, si se piensa en la construcción de infraestructura carretera en sus territorios. Ahí se habla de la creación de centros ecoturísticos sustentables, pero esos conceptos no están definidos para entender claramente sus particularidades. En ese marco se aplicó el Prodesis, uno de los proyectos más apoyados en el gobierno de Pablo Salazar y difundidos por Luis H. Álvarez, comisionado de la CDI durante el gobierno federal de Felipe Calderón. Como resultado surgieron infinidad de los llamados centros ecoturísticos, que en el papel tienen la finalidad de apoyar a comunidades indígenas y campesinas que cuentan con recursos naturales con posibilidad de ser explotados para este fin. Los lugares con aguas y bosques fueron los elegidos. Los proyectos plantean que las propias comunidades se organicen para ofrecer servicios al turismo, y se les ofertan apoyos para la construcción de infraestructura como carreteras, cabañas, hoteles, etcétera, a la vez que se promocionan en el mundo como centros ecoturísticos. Esto atrae a paseantes que buscan la aventura y lo “alternativo”. La integración de las comunidades fue el plus. En un documento presentado por la Red de Turismo de Chiapas Ecotours y Etnias OIT 2008, en un encuentro organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mismo año, la Red indica la forma en que las comunidades indígenas que prestan servicios turísticos se integran a la red de prestadores de servicios. Existen agencias de viajes, y algunos de los llamados proyectos ecoturísticos -sobre todo aquellos ubicados en la Selva Lacandona-, en los que se habla de una nueva forma de integración entre sectores sociales, prestadores de servicios privados y gobierno para implementar proyectos de servicios turísticos. Sin embargo, nuevamente son los prestadores de servicios profesionales los principales beneficiarios. No queda claro cómo las comunidades o ejidos se benefician de esos proyectos. Al preguntar en algunos de los centros ecoturísticos sobre la Red, los pobladores indican que sólo saben que hay intermediarios que se encargan de llevarles a grupos de turistas, que cobran por el servicio y son los encargados de pagar a las cooperativas por lo ofrecido. La diferencia entre lo que cobran los intermediarios por los recorridos y lo que pagan a las cooperativas que dan el servicio es enorme, es decir, los menos beneficiados son los que aportan el trabajo y los que tienen el derecho sobre los territorios. Conflictos intracomunitarios Otro tema igual de preocupante son los conflictos que surgen en diversos centros ecoturísticos, incluso aquellos que tienen muchos años funcionando. Uno de ellos es el caso de las cascadas de Agua Azul, donde los beneficiarios -ejidatarios de ejido del mismo nombre- se enfrentan con campesinos de Bolon Ajaw (zapatistas que no aceptan que el río sea explotado con fines comerciales, y mucho menos al proyecto de construcción de infraestructura hotelera que afectará a toda la zona); y con el ejido de Bachajón ( simpatizantes zapatistas miembros de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona), en cuyas tierras se encuentra la carretera de ingreso al balneario y quienes tampoco comparten la visión empresarial de los ejidatarios de Agua Azul. En el conflicto están involucradas autoridades estatales y federales, como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (administra la caseta de Agua Azul) y la Procuraduría Agraria, que interviene en prácticamente todos los conflictos de este tipo para apoyar a los grupos defensores de estos proyectos. Como sucedió en 2008 en el Caracol de Roberto Barrios, un grupo de habitantes del ejido retomaron el ofrecimiento de Luis H. Álvarez para crear un centro ecoturístico, acción que dividió a la población; después de muchos años de no tener comisariado ejidal por mantener la resistencia, realizaron una asamblea para nombrarlo. De acuerdo con la denuncia de los ejidatarios que se oponen al proyecto, la reunión no cumplió con las normas legales, pero aun así fue validada para dar sustento jurídico al proyecto. La autopista San Cristóbal-Palenque, proyecto del gobernador Juan Sabines, es otro ejemplo en el que las autoridades crean conflictos para imponer proyectos. Marchas, manifestaciones, cierres de carreteras, encarcelados, heridos y hasta muertos son algunos de los resultados; la resistencia logró detener la construcción de la carretera, pero el trabajo de división sigue y las autoridades actuales anunciaron que el proyecto seguirá con algunas modificaciones al trazo original. Indicaron que negocian con comunidades para evitar conflictos, pero si no logran convencerlos se aplicará el derecho que tiene el gobierno de expropiar las tierras. Es decir, los proyectos avanzan con la justificación de que es lo mejor para las comunidades sin importar los conflictos que generan. No hay esfuerzos en la parte oficial por entender que los significados de la tierra en las poblaciones campesinas e indígenas constituyen entramados culturales de gran complejidad. Por esa razón, los proyectos “de desarrollo” que implican el uso de los recursos naturales se convierten en conflictos, pero además propician violencia cuando -como vimos en los ejemplos anteriores-, las políticas gubernamentales intentan destruir tales significaciones. La justificación utilizada por el gobierno es que el principal problema en el medio rural es la pobreza y debe abatirse a cualquier costo, en vez de ubicar que la pobreza existe por la concentración de la riqueza. Señala el periodista Raúl Zibechi que “se ha instalado la idea de que los pobres son el gran problema de las sociedades actuales, ocultando así el hecho incontrastable de que el problema central es la acumulación de capital y de poder en un polo, porque desestabiliza y destruye todo rastro de sociedad”[2] [2]. Como formas de atacar la pobreza se crean proyectos en el medio rural, pero estos van dirigidos en buena medida a destruir lo que aún queda en las zonas rurales indígenas -la riqueza natural- y las relaciones sociales. Ya no se trata sólo de programas de combate a la pobreza focalizados y compensatorios que consisten en dar recursos a la población que se encuentra en la línea de la pobreza; ahora, con un nuevo discurso, se trata de convencer a los indígenas de que su condición de campesinos es lo que los mantiene pobres y les ofrecen recursos y asesorías para que aprovechen los recursos naturales de sus comunidades para crear sus propias fuentes de empleo, como es el caso de los centros ecoturísticos. Exclusión, violencia y deterioro ambiental Al ahondar en la forma en que se organizan los grupos que administran los centros ecoturísticos, nos percatamos de que son unos cuantos los beneficiados, no toda la comunidad. En lugares promocionados como Las Nubes y las Guacamayas, los grupos son muy pequeños, se trata de personas de la comunidad que decidieron arriesgarse con el proyecto. Para ello abandonaron sus actividades campesinas y se convirtieron en meseros, camareros y administradores. En el caso de Las Nubes –ubicado en el río Santo Domingo y al borde de la Selva Lacandona- las cabañas están semidestruidas; no funcionó como el negocio que se les ofreció a los cooperativistas. Por otro lado, los pobladores no beneficiados con el proyecto acusan al grupo de haberse apropiado de tierras comunitarias para explotar el centro ecoturístico. En Las Guacamayas –ubicado en las márgenes del río Lacantún, dentro de la Selva Lacandona- en algunas épocas de año el hotel está lleno pero normalmente no tienen visitas. Esto indica un bajo nivel de ingresos, que hace que los beneficiarios del proyecto no permitan a los habitantes de la comunidad ofrecer el servicio de hospedaje y alimentación a los visitantes, algo que sí hacían antes de ser declarado centro ecoturístico. El problema no es el turismo en sí -incluso los zapatistas lo tienen como una actividad económica en algunos sitios. El problema es pretender que el turismo es la única opción en detrimento de otras formas de vivir en el campo; si el turismo es la única alternativa, el turista se convierte en prioritario, por lo que debe construirse infraestructura para su comodidad sin importar que con ello se destruyan comunidades enteras. Hay otras formas de ofrecer servicios turísticos sin dañar la naturaleza ni las relaciones sociales, y esta opción no crea conflictos porque se ofrece lo que ya existe -las bellezas naturales en su estado actual- y son las comunidades quienes se organizan para tal fin. Los centros ecoturísticos que operan apoyados por el gobierno, lo hacen con lógicas de mercado, lo cual trae destrucción de la naturaleza y de las relaciones sociales. No resuelven el problema de la pobreza, al contrario, crean otros como divisiones, violencia y exclusión. Pero además todo indica que es el inicio de una forma soterrada de privatización de los recursos naturales, porque esos pequeños grupos que cuentan con la autorización para explotar los recursos, en pocos años fracasan, lo que lleva a una etapa de privatización de los espacios a través de convenios con empresas turísticas nacionales e incluso internacionales. Ya hay casos donde hoteleros profesionales manejan hoteles “comunitarios”, como en la comunidad lacandona.