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miércoles, 26 de noviembre de 2014

Vigilados

Otras texturas de Andrés Núñez Leites 26 11 2014 Imagine un país donde el Estado, para prevenir y reprimir el crimen, coloque cámaras cada vez en más calles, cada vez con mayor definición y mejor tecnología (incluída la posibilidad de identificación de rostros) y que funcionarios de ese Estado tienen acceso completo a dichos dispositivos. Imagine que ese mismo Estado obligue a cada ciudadano a registrar su rostro y sus huellas dactilares ante él, apenas luego del nacimiento, y a renovar dichos datos cada cierta cantidad de años. Imagine que el porte de dicho documento, si bien no es obligatorio, es de hecho cuasi-obligatorio, en la medida que el mismo Estado faculta a sus funcionarios para que interroguen en la vía pública y detengan y lleven a una de sus dependencias a todo ciudadano que no porte dicho documento y tenga "actitud sospechosa" -figura que no es especificada legalmente, ni especificable lógicamente. Imagine que un nuevo diseño de ese documento obligatorio, le introduce chips (circuitos electrónicos integrados) con información extra sobre el ciudadano titular del documento, y que el mismo puede ser escaneado por dispositivos electrónicos de registro, potencialmente, al menos, por proximidad, sin que deba mediar autorización del titular del documento, pudiendo así seguir sus movimientos y operaciones. Imagine que el Estado apruebe una ley de "faltas" para atacar conductas imprecisas, que sean procesadas por una única instancia judicial, sin derecho de apelación, y con la posibilidad de establecer penas que incluyan la pérdida temporal de la libertad del ciudadano acusado. Imagine que el Estado, cuyos fiscales no son independientes, porque pertenecen a un ministerio de cultura dirigido políticamente por el gobierno, tengan de pronto aún menos independencia, porque como consecuencia de una reforma legal, pasan a formar parte de un servicio descentralizado cuya máxima autoridad, no elegida por la ciudadanía sino nombrada por el poder político, tiene el poder para imponer a todos los fiscales una interpretación única de las leyes. Imagine que el Estado haya incorporado tecnología informática capaz de escuchar toda la comunicación electrónica de sus ciudadanos sin que éstos lo noten. Imagine Uruguay hoy. Imagine que uno o un grupo de funcionarios (desde el nivel de gobierno hasta funcionarios comunes), quiera hacer un uso personal, egoísta, de dichos recursos, para perjudicar a uno o a un grupo de ciudadanos. Imagine, si no, que de pronto, por los avatares de la política, tras un golpe de Estado o tras una elección, accede al poder un equipo de gobernantes ambiciosos, y que el foco se desplace de la delincuencia común a la delincuencia política, es decir, a la oposición, a la disidencia, a la protesta. En plena democracia formal, estamos viendo la consolidación de un entramado legal, institucional e informático, capaz de afectar seriamente las libertades individuales de los ciudadanos. Pero no es un problema social: no es un hecho problematizado por la sociedad, que vive su cotideaneidad sin pensarlo. Por un lado los izquierdistas mayormente tienen una visión primitiva del poder del Estado, y en lugar de verlo como un sistema lo ven como un patrimonio, como una simple herramienta cuyo ejercicio depende de las manos en que esté, y como ahora está en manos de sus correligionarios, se sienten seguros. Por otro lado los derechistas sólo perciben que el objetivo de la vigilancia y la represión se vuelca contra los pobres, y que eventualmente en estas latitudes, cuando hay regímenes autoritarios, son regímenes de derechas, por lo cual tampoco estarían en el foco. Luego, la sociedad civil, diezmada por el acceso de la izquierda al poder gubernamental y la fidelidad que ésto implica para sus militantes, principalmente izquierdistas, y por el sistema de financiación estatal de los proyectos del tercer sector, tampoco lo problematiza, o no lo hace suficientemente. Parafraseando a Feierstein y en general a los teóricos del genocidio y su función moderna de reducción de la autonomía social, podría decirse que las dictaduras no son tanto excepciones como momentos críticos de un ciclo político y que de algún modo la tendencia espontánea del Estado como sistema social, es prepararse para iluminar el campo de ejercicio de su poder, eliminar las barreras, fijar los objetivos autonomizados y reducirlos o destruirlos, según sea la necesidad de un momento histórico dado. En democracia se preparan las herramientas de las próximas dictaduras. El correlato individual de esas estrategias de vigilancia, radica en que el discurso de la seguridad modela nuestra subjetividad al punto que deseamos ser vigilados para sentirnos seguros, sin espacio mental ni emocional para desear la libertad individual y colectiva. Nota: * Ilustración de Adolfo Vásquez Rocca http://on.fb.me/1zYOCVP Leer más: http://leites.webnode.es/news/vigilados/

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